Dos dirigentes indígenas bolivianos se enfrentaron hoy en la CIDH al Gobierno de Bolivia por su intención de construir una carretera que partirá en dos el parque nacional Tipnis, en una audiencia donde otros indígenas se sentaron en el banco del Estado.
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez, y el de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proceso de consulta para la construcción de la vía «no ha sido de buena fe».
No obstante, se encontraron con que varios indígenas del parque les confrontaron desde el banco reservado a representantes del Estado, por invitación del Gobierno boliviano.
Uno de esos indígenas, Carlos Fabricano Moye, que representa a una de las comunidades del Tipnis, precisó a Efe que no acudieron «para defender al Estado», sino para oponerse a Adolfo Chávez, que en su opinión «se impone como dirigente y no hace caso al pueblo».
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, aseguró en la audiencia que «en este momento no existe contrato, no existe un proyecto a diseño final y por tanto no existe licencia final» para la construcción de la carretera, pese a que el proceso de consulta a las comunidades indígenas ya concluyó el pasado enero.
El Gobierno de Evo Morales está ahora revisando un informe elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que «no hay una decisión final», precisó a Efe el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary.
Sin embargo, Chávez y Vargas insistieron en que el proceso de consulta se inició «cuatro años después de firmar un contrato» para la construcción y que «no ha sido informado ni libre», además de estar viciado porque «se han llevado regalos y dádivas a las comunidades para que acepten esa consulta», en palabras del segundo.
«Si se destruye este parque, es el camino de la destrucción de todos los otros territorios indígenas que existen en Bolivia», indicó Vargas.
«Estamos dispuestos a defender con la vida nuestro territorio», añadió.
Al respecto, el ministro boliviano recordó que el Gobierno ha anulado el contrato que se adjudicó en 2008 la empresa brasileña OAS para construir los 306 kilómetros de la vía, por lo que «se invalida» la acusación de que la consulta se hizo tarde.
«Se pretende aquí mantener la ficción de un debate que en Bolivia está absolutamente superado, que en términos objetivos ha sido resuelto y que se está intentando prolongar de forma artificial para mantener esa polémica en el país», indicó Romero.
No obstante, en octubre pasado y sin que terminara la consulta, el Ejecutivo de Morales contrató a dos empresas bolivianas para retomar la construcción del primer tramo de la vía, algo que hoy denunciaron los peticionarios de la audiencia.
La consulta popular concluyó con un apoyo mayoritario al proyecto de la comunidad indígena, pero el proceso reveló grandes divisiones que hoy se manifestaron en la audiencia.
Los indígenas sentados en el banco del Estado defendieron que la verdadera presidenta de la CIDOB es Melva Hurtado, y no Chávez, algo que lamentó el abogado Ramiro Orías.
«Esta ha sido la mejor prueba de los intereses coludidos que existen dentro de esta organización (la CIDOB)», dijo Orías a EFE.
Los denunciantes pidieron a la CIDH que solicite visitar el territorio y que exhorte a Bolivia a «suspender la construcción del tramo dos» de la carretera.
