La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó hoy que dictará sentencia sobre el caso de la familia peruana Pacheco Tineo, cuyos miembros supuestamente recibieron un trato vejatorio al solicitar el estatuto de refugiados en Bolivia, a partir del 19 de abril.
Este es el segundo caso que airea la CorteIDH en la ciudad colombiana de Medellín, donde el lunes comenzaron una serie de sesiones extraordinarias de este tribunal supranacional con el caso del cese de ocho magistrados ecuatorianos, y del que también se conocerá el fallo de la Corte después del esa fecha.
«Cuando la Corte haya recibido los alegatos escritos y las observaciones por parte de la Comisión, que deben presentarse el 19 de abril, ya estará en condiciones de tomar una decisión sobre el fondo de este asunto, en el curso de este año», afirmó el presidente de la Corte, Diego García-Sayán, al término de la sesión.
El caso se remonta a 2001, cuando la familia Pachecho Tineo, (formada por dos adultos y tres niños) fue expulsada de Bolivia a su país de origen, Perú, como consecuencia del rechazo de la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiados políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la CorteIDH al considerar que el Estado de Bolivia era responsable internacionalmente por diversas violaciones como el derecho a la integridad psíquica, el derecho a solicitar y recibir asilo o la desatención de obligaciones de protección de menores.
Tras escuchar ayer las preguntas de los representantes de las supuestas víctimas y los del Estado, hoy ambas partes presentaron sus alegaciones orales.
Los representantes de la familia defendieron ante el tribunal que el Estado habría violado el derecho de buscar y recibir asilo, el derecho a las garantías judiciales y de protección judicial y el derecho a la integridad personal, al denunciar malos tratos por parte de funcionarios bolivianos.
Por su parte, una de las representantes del Estado, Juana Costa, alegó que «no procedía (por parte de Bolivia) el inicio de un proceso formal de reconocimiento» de refugio ya que «no existió realmente una solicitud de refugio en el 2001».
Y pidió a la CorteIDH que declare, en su sentencia, «que no ha existido ninguna violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
La CorteIDH inició el lunes una serie de sesiones extraordinarias con el caso del supuesto cese arbitrario en 2004 de ocho vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador y a partir de hoy abordará el tercer y último caso, relacionado con una tortura y reparación en Chile.
