La Oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles al Ministerio Público a que culmine una investigación para erradicar las redes de extorsión y corrupción en el sistema judicial y las instituciones públicas que se destapó en noviembre del año pasado.
«Que el Ministerio Público realice una investigación urgente y de fondo a fin de identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los poderes ejecutivo y judicial con miras a erradicar esta grave e ilegal práctica de las instituciones públicas», señala el informe anual.
También se supo que Naciones Unidas realiza un monitoreo del proceso judicial por el caso de extorsión que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz.
Denis Racicot, representante en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que once de 16 sindicados de formar parte de una red de extorsión están en la cárcel de Palmasola.
Además recordó que se destapó esa red en noviembre del año pasado por una investigación que hizo el gobierno.
«Este caso requiere de una investigación exhaustiva y transparente, caso que estamos monitoreando», dijo.
Agregó haber visitado la fiscalía de Santa Cruz que atiende este caso con el propósito de tener acceso al cuaderno de investigación.
Racicot instó a que se respete el debido proceso para llegar a los resultados que permitan seguir creyendo en el sistema judicial de Bolivia.
El informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia recomendó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional que redoblen sus esfuerzos para adoptar una ley sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta respetando los estándares internacionales.
Además se pidió al Gobierno a abrir espacios de diálogo permanente que propicien la construcción de acuerdos duraderos sobre el desarrollo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Racicot recordó que el Gobierno hizo una consulta entre julio y diciembre sobre la construcción de una carretera que atraviese por el TIPNIS.
Dijo que la consulta se hizo en 58 de las 69 comunidades del TIPNIS, dos expresaron desacuerdo total a construir una carretera, 15 respaldaron sin condiciones y 41 comunidades aprobaron con una salvaguarda.
«La consulta generó una prolongada tensión entre el Gobierno y algunas comunidades indígenas, y la realización de dos marchas (del Conisur y novena marcha por la Subcentral del Tipnis).
Racicot calificó de compleja la consulta a los pueblos indígenas por lo que la ONU pidió al parlamento boliviano aprobar una ley sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa por megaproyectos.
