La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, no es una institución “intocable” y que el país tiene derecho a ser o no parte de dicha instancia.
Tejada aseguró que ninguna institución es “intocable” y manifestó su pleno respaldo al anuncio que hizo el Mandatario, en el sentido de analizar si el país se mantiene o no en dicha Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Ninguna institución es intocable e incuestionable y tampoco tiene la última palabra, mucho más cuando Bolivia vive una democracia plenamente participativa en la que nos asis- te el derecho de pertenecer o no a la CIDH como Estado”, manifestó la presidenta Tejada.
Agregó que el anuncio del Presidente representa un cuestionamiento a instituciones que en vez de atender los derechos humanos dan prioridad a los “intereses políticos” de particulares. Por su parte, el diputado opositor Jaime Navarro (Unidad Nacional, UN) aseveró que el anuncio de Morales afecta la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional y que el país quedará desprotegido.
“Al apartarse de la CIDH ya no hay ninguna garantía para que casos como el de Chaparina, del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), Caranavi o terrorismo vayan a tener alguna posibilidad de ser revisados en un tribunal internacional”, señaló Navarro.
Ley. Por su lado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Ever Moya (de Movimiento Al Socialismo), informó que cualquier decisión de salida de la CIDH debe pasar por la Asamblea Legislativa.
“Esto debe ir a consulta de la Asamblea Legislativa, aunque todavía no tenemos ninguna propuesta del Ejecutivo. La Asamblea tiene que autorizar con una ley para dejar de participar de esa comisión”, explicó el diputado Moya.
El legislador dijo que para que Bolivia se retire de la CIDH debe cumplir una serie de requisitos, sin embargo, argumentó que sólo es un anuncio, ya que Morales manifestó su molestia con esa institución porque no hizo nada por Bolivia luego de la “masacre” de 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
