El Fiscal General, Ramiro Guerrero, aseguró hoy que la suspensión de la audiencia del caso terrorismo no tiene sustento legal, ya que es extemporáneo el fallo del Tribunal Constitucional sobre la demanda del acusado Gary Prado de trasladar su caso a Santa Cruz. Además, afirmó, el fallo no estableció la nulidad de ningún acto procesal.
“En el marco del respeto del derecho a la vida, el juicio se viene sustentando en la ciudad de Santa Cruz, por lo que la sentencia del Tribunal Constitucional no genera efecto alguno, toda vez que la decisión de las autoridades jurisdiccionales fue la de celebrar el juicio en la ciudad de Santa Cruz, precautelando los derechos a la salud y la vida de los procesados Ronald Castedo y Gary Prado” explicó Guerrero.
El juicio del denominado caso terrorismo es sustentado en la ciudad de Santa Cruz desde el 4 de febrero. El caso surgió el 16 de abril de 2009, cuando un grupo de élite de la Policía ingresó al hotel Las Américas de Santa Cruz y desarticuló la supuesta célula terrorista con la muerte de tres de sus miembros, entre ellos el identificado como líder del grupo Eduardo Rózsa, y la detención de otros dos de sus integrantes. Hasta el momento hay 39 detenidos.
No existe óbice alguno que impida la continuidad del juicio, pues la Sentencia Constitucional no ha dispuesto la nulidad de ningún actuado procesal, ni que se retrotraigan los actos procesales consumados, sino que las autoridades judiciales definan la situación jurídica de Prado, insistió Guerrero, según un comunicado de prensa de la Fiscalía.
“No es cierto que la sentencia haya dispuesto declinatoria de competencia alguna, sino, que la autoridades jurisdiccionales verifiquen el estado actual de salud del imputado Prado, para en función a ellos determinar el traslados de obrados a otra ciudad que se encuentre a nivel del mar”, explicó.
Asimismo, señaló que la interpretación de la Sentencia Constitucional 130/2013 de 1 de febrero debe ser efectuada en el marco de lo dispuesto en la sentencia constitucional 2468/2012 de 22 de noviembre, en la que de igual forma se dispuso se realicen los estudios médicos necesarios para verificar el estado de salud del co-procesado Ronald Castedo y determinó que no podían desarrollarse actos procesales en Tarija.
