El vicepresidente Álvaro García Linera negó que él, el presidente Evo Morales o el exministro de Gobierno Sacha Llorenti conocieran el operativo policial que intervino la marcha indígena del TIPNIS, en Chaparina (Beni), el 25 de septiembre de 2011.
“Ha sido muy concreto en responder que ni el presidente (Evo Morales) ni el vicepresidente (Álvaro García) ni el ministro de Gobierno de ese entonces (Sacha Llorenti) tenían conocimiento de la intervención del 25 de septiembre”, informó ayer la fiscal Patricia Santos, quien recibió las respuestas de García al cuestionario, referido al caso, que le fue enviado el 8 de abril.
Una de las preguntas a García indicaba si conocía quién ordenó el operativo policial y le pedía que manifieste quién es esa persona. Al respecto, Santos precisó que la autoridad transcribió la interrogante que le formuló tiempo atrás un periodista y la respuesta que dio sobre ese tema. Sin embargo, la fiscal no detalló el contenido de la respuesta textual del Vicepresidente y si, con ello, negaba conocer quién es esa persona.
La defensa de las víctimas de la intervención policial en Chaparina había solicitado, a través de un memorial, que se convoque al Vicepresidente para que declare si sabe quién ordenó la intervención, en razón a que esta autoridad habría asegurado, tras ese operativo, que se conocía quién ordenó esa intervención.
A fin de que la Fiscalía lo cite, los afectados adjuntaron publicaciones de prensa con las declaraciones de esa autoridad sobre ese tema. La fiscal Santos explicó que las respuestas que dio el Vicepresidente sobre este tema serán valoradas oportunamente y que por el momento no se puede adelantar ningún criterio.
Santos anticipó que convocará a otras personas, entre ellos a jefes policiales, para identificar a los autores de la represión a la VIII Marcha Indígena que se oponía a una vía por el TIPNIS. Según investigaciones de la Fiscalía, unos 500 policías fueron trasladados a Chaparina por la tensión entre marchistas y pobladores de Yucumo.
“Estamos emitiendo citaciones (judiciales) y esperamos que coadyuven los jefes policiales. Esa parte de la investigación es fundamental”, agregó. El proceso judicial fue iniciado por la activista de derechos humanos Olga Flores y el exdirigente de Conamaq Rafael Quispe, quien estuvo en el lugar durante la represión policial.
En este caso, está pendiente que la fiscal Rosario Venegas resuelva la objeción que fue presentada por el Movimiento Sin Miedo (MSM) a la resolución que excluye del proceso al exministro Llorenti, la que fue emitida en su momento por el ahora fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce. La comisión de fiscales no descartó que Llorenti vuelva a ser incluido en este proceso, por lo que estaba a la espera de que la fiscal del caso se pronuncie respecto al asunto.
A la fecha, por este caso, declararon el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, el exsubcomandante de la Policía Óscar Muñoz, el actual comandante de la Policía, coronel Alberto Aracena, así como la exministra de Defensa Cecilia Chacón.
Quispe no descarta un proceso
Contrato
El exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Rafael Quispe, tras conocer las respuestas del Vicepresidente, manifestó que su defensa no descarta presentar una demanda penal contra García por el delito de obstaculización a la investigación y encubrimiento, según reportó ANF.
