El 16 de abril de 2009 Bolivia despertó con la noticia de que se había desarticulado un grupo armado con afanes separatistas. Cuatro años después, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y los fiscales piden no olvidar que hubo terrorismo en el país.
Tanto el ministro Romero, en su calidad de denunciante, como los fiscales Marco Antonio Rodríguez e Iván Ortiz, aseguran que más allá de los recursos, de los debates mediáticos y de los elementos colaterales que aparecen, como videos, audios o testigos en Bolivia y, particularmente en Santa Cruz, hubo una intención separatista que iba a ser llevada a cabo por un grupo terrorista que pensaba atentar contra el Presidente y contra otras autoridades, incluso del departamento de Santa Cruz.
El ministro Romero pide aclarar a la opinión pública que en los últimos meses se ha desinformado sobre el caso Terrorismo. “Se ha querido posicionar ante el imaginario colectivo que la falta de pruebas está conduciendo al proceso a una pendiente peligrosa; sin embargo, lo que llama la atención al Gobierno es que el juicio no haya entrado a la etapa probatoria y que se haya estancado con 75 recursos presentados por las defensas de los imputados”.
La autoridad asegura que con fotografías, videos, audios, cambio de abogados del Ministerio de Gobierno o la sentencia del Tribunal Constitucional —“que no tiene mayor relevancia jurídica”— se ha querido mostrar que el caso Terrorismo se derrumba.
“Con respeto, me parece ingenuo, porque el proceso no se resolverá en el debate mediático ni político. El caso Terrorismo se resolverá en la vía judicial. No dudamos de que estas artimañas tendrán patas cortas y que en algún momento se entrará a la etapa probatoria y ahí se podrá verificar que realmente existió una estructura con armamento militar, moderno y en algunos casos de guerra; que estaba propiciada por personas, probablemente instituciones de Santa Cruz, que acudieron a la violencia como último recurso para frenar el proceso de cambio. Definitivamente habrá sentencia, el grupo irregular sí existió y quería dividir al país”, adelantó Romero.
El actual rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Reymi Ferreira, advierte que hubo el grupo terrorista, pero también errores en la administración del proceso. Más enfático es el fiscal Marco Antonio Rodríguez, él asegura que pese a los recursos que no son sustantivos al proceso, habrá una sentencia condenatoria para la mayoría de los imputados, porque existen las pruebas suficientes.
Dice que es cuestión de tiempo para que las defensas dejen de dilatar el proceso y permitan ingresar a la etapa de debates, a la fase probatoria, en la que, adelanta, el Ministerio Público tiene la capacidad y las condiciones para demostrar que la acusación tiene sustento probatorio, fáctico y jurídico, mostrar para determinar la responsabilidad y culpabilidad de quienes se hallen involucrados en los delitos de alzamiento armado y terrorismo.
El hombre que quiso dividir
Eduardo Rózsa Flores nació en Santa Cruz en 1960. Fue actor, productor de cine, escritor, poeta, publicista y soldado en la ex Yugoslavia, por eso tenía nacionalidad croata. Era boliviano de padre húngaro y madre catalana. Fue miembro del Opus Dei y posteriormente se convirtió al Islam.
El caso desarticuló a Santa Cruz
Desde el análisis del periodista Carlos Valverde, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) a través del caso Terrorismo logró aplastar política y militarmente a Santa Cruz. “Yo sostengo que en Santa Cruz la gente se reunió con Eduardo Rózsa, pero esto viene desde el 2008, cuando el hombre llega a Bolivia encargado por el Gobierno, obtiene una cédula de identidad con número de Potosí y nacido en Santa Cruz”, dice Valverde.
Según el periodista, la madrugada del 16 de abril de 2009 asesinan a Rózsa para que no cuente lo que sabe, así el Gobierno consolidó la derrota política. “La gente en Santa Cruz sufre cuando se habla de terrorismo, persiste el miedo e incluso muchos dejaron de asistir hasta sus fraternidades”, asegura. Después de cuatro años, considera que la primera manifestación de liberación del miedo fue la elección de Fernando Castedo como presidente del Comité pro Santa Cruz, hasta ahí era tibio todo intento.
A cuatro años del caso terrorismo
Grupos armados: 2003-2004
Durante el gobierno de Carlos Mesa, los organismos de seguridad del Estado detectaron la presencia de grupos irregulares en Ichilo y Canandoa, además de acopio de armas en San Pedro.
Atentado contra Saúl Ávalos: Julio de 2008
Una explosión en la casa del concejal electo de Santa Cruz afectó el inmueble y obligó a los ocupantes, la familia del concejal, a desalojar y refugiarse en otro lugar. El caso aún es investigado.
Toma de instituciones: Agosto-septiembre de 2008
Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, afín al Comité Cívico pro Santa Cruz, tomaron las oficinas del INRA, ABC, Televisión Boliviana e Impuestos Nacionales, para exigir autonomía.
Atentado contra el cardenal: 15 de abril de 2009
A la medianoche del 15 de abril, un artefacto explotó en la puerta del domicilio del cardenal Julio Terrazas. El hecho fue condenado en todo el país y se considera que fue perpetrado por el grupo irregular de Eduardo Rózsa.
Hotel Las Américas: 16 de abril de 2009
A las cuatro de la madrugada, un grupo de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis realizó un operativo en el cuarto piso del hotel Las Américas, en Santa Cruz. Tres personas murieron, entre ellos Rózsa, y dos fueron capturados.
Intenciones de Rózsa: 22 de abril de 2009
El periodista húngaro Andras Képpes revela una entrevista con el húngaro-boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores en la que manifiesta su intención de iniciar en Bolivia un proceso separatista para lograr la independencia cruceña.
