Todo ciudadano extranjero indocumentado será detenido como parte de la estrategia “de barrido” dispuesto para combatir la inseguridad ciudadana en Bolivia y particularmente en Santa Cruz, mientras que fiscales y jueces vinculados con la libertad de sicarios, asesinos y atracadores serán enjuiciados, afirmó hoy el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
El Gobierno activó ayer toda una estrategia orientada a investigar y detener a sicarios que operan, particularmente en Santa Cruz, luego de que fuera difundido el martes imágenes de una cámara de seguridad que muestra cómo un sicario mata a su víctima, pese a implorar por su vida. Otras dos personas fueron victimadas ayer por disparos de armas de fuego en hechos delictivos.
Ciudadanos indocumentados de Brasil, Paraguay y Colombia circulan, principalmente en la capital oriental; de acuerdo a datos de la Policía, varios ciudadanos colombianos indocumentados fueron detenidos en hechos de narcotráfico. “Hay un plan estratégico a nivel nacional y centralmente en Santa Cruz para barrer con todo extranjero indocumentado en el país, deben ser aprehendidos de forma inmediata; es el comando que ha dispuesto el Ministerio de Gobierno”, afirmó Pérez en una entrevista en el informativo de la red Cadena A.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó ayer a la Policía encontrar vivo o muerto al sicario que asesinó el martes a Honorio Rodríguez. “Seguramente muchos sicarios están caminando libremente en las calles de Santa Cruz y, si ofrecen resistencia, quiero pedirles que se les aplique la ley de fuga”, advirtió la autoridad ante la ola delictiva en la capital oriental.
Pérez explicó que “la ley de fuga” será aplicada en caso de que los delincuentes resistan la detención o los policías vean que están en riesgo. “No vamos a permitir que el sicariato se instale en Santa Cruz y acorrale a las personas de bien”, insistió e informó que pidieron a la Policía Internacional (Interpol-Bolivia) resultados sobre la detención de extranjeros indocumentados.
En los últimos días de abril al menos ocho personas fueron ejecutadas. El Viceministro aseguró que muchos de los delitos son cometidos por delincuentes reincidentes, por lo que advirtió que el Gobierno se convertirá en parte querellante contra los jueces y fiscales que faciliten la excarcelación de personas vinculadas con el sicariato, robo agravado y narcotráfico.
Además planteó a las autoridades de la Justicia y del Ministerio Público apartar de esas instancias a todos aquellos funcionarios denunciados por corrupción o por favorecer a los delincuentes. En la Policía, aseguró, serán aportados y procesados penalmente los efectivos relacionados con el favorecimiento a delincuentes.
