El informe por países del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Prácticas de Derechos Humanos 2012, que identificó en Bolivia tres problemas —“la detención arbitraria, la negación de un juicio justo y la violencia contra las mujeres”—, fue refutado por el Gobierno que lo tildó de “político” y sin sustento.
“Es como un informe de la lucha antidrogas, siempre político, un informe que no sustenta sus conclusiones, que hace afirmaciones dirigidas contra países que no comparten la línea ideológica del Estado norteamericano”, sostuvo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en contacto con radio Panamericana.
El reporte, que fue presentado el viernes, resalta, a modo de introducción, que los problemas más graves respecto a los derechos humanos en Bolivia son la detención o captura arbitrarias, la denegación de juicios “públicos, justos y oportunos”, y la violencia contra las mujeres.
En el contenido del informe se citan casos como el del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, el asilo del senador Roger Pinto en la Embajada del Brasil, los ataques del alcalde cruceño Percy Fernández a los periodistas o el proceso contra la presentadora de televisión Milena Fernández.
Al momento de objetar el punto referido a las detenciones arbitrarias, Romero manifestó que en el informe “no se animan a sustentar que hayan detenidos políticos”. Mencionó que se tomó como ejemplo el caso del supuesto maltrato a la enfermera Leonor Boyán en mayo de 2012, quien le lanzó una piedra en una protesta callejera al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, cuando éste no siguió “ni siquiera una acción judicial” por el daño que le causó.
En referencia a la violencia doméstica, Romero admitió que se trata de un problema recurrente en la sociedad boliviana, pero que “es muy difícil objetivar cuáles son los indicadores de medición”.
