En 2012 fueron presentadas 2.056 denuncias contra operadores de justicia, principalmente vinculadas con supuestos de hechos de corrupción. De ese total fueron probadas 72 y rechazadas 882, mientras que 787 están en trámite en los 21 juzgados disciplinarios creados el 29 de junio, según un informe del Consejo de la Magistratura, instancia encargada del régimen disciplinario en la Justicia.
Del universo de denuncias presentadas hasta noviembre, 858 están registradas en La Paz; 500 en Santa Cruz; 215 en Cochabamba; 176 en Tarija; 101 en Chuquisaca; 76 en Oruro; 57 en Potosí; 46 en Beni y 27 denuncias en el departamento de Pando. Los 21 jueces disciplinarios son los encargados de tramitar, procesar y dictar sentencia contra jueces, vocales, personal subalterno y de apoyo judicial.
Los datos están contenidos en el informe de rendición de cuentas del Consejo de la Magistratura, que refiere que 882 de las denuncias fueron rechazadas o archivadas, mientras que 72 fueron probadas y 77 fueron declaradas improbadas, en ambos casos los procesos están con sentencia ejecutoriada. Un total 63 expedientes están en apelación y 787 en trámite.
“Desde el 29 de junio de 2012, cuando fueron posesionados los primeros 21 jueces disciplinarios del Estado, cientos de procesos han sido tratados por las nuevas autoridades, cuyos fallos pueden llegar hasta la suspensión del personal jurisdiccional si se comprueban las faltas leves, graves o gravísimas en el cumplimiento de sus funciones. Los procesos disciplinarios no son incompatibles con otros procesos en la justicia ordinaria, sean de índole civil o penal”, establece el informe de la Magistratura.
El informe reporta el estado de situación de 1.881 casos, mientras que no se informa de los restantes 175 expedientes, que suman las 2.056 denuncias.
En los nueve distritos de Bolivia están instalados 845 juzgados, a los que en 2012 fueron sumados 29 nuevos.
El Consejo de la Magistratura, presidido por Cristina Mamani, ve una situación caótica en las instancias judiciales. “La experiencia en la tramitación de los procesos en la actual institucionalidad es caótica, en la medida que los tribunales y juzgados se ven inundados de litigantes, se extravían memoriales, se falsifican timbres y valores, no se tiene ordenada la documentación y se da lugar a la corrupción generalizada de funcionarios de apoyo jurisdiccional”, sentencia en su informe.
Ante esta situación está en proceso de implementación la Plataforma de Atención al Usuario Externo (PAUE), que centralizará y operativizará diversos servicios como los de Recepción y Registro de Demandas y Memoriales en todas las materias; tramitación y entrega de certificados emitidos por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y tramitación y entrega de Permisos de Viaje a Menores de Edad.
