La segunda fase del indulto presidencial, que estaba destinada a presos que no tenían sentencia y que se sometieron a juicios abreviados, favoreció a al menos 235 reos en todo el país, informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
El plazo para que los reclusos hagan su trámite para acogerse al perdón presidencial venció el 3 de mayo y hasta ese día 222 internos se beneficiaron con esa medida. Está previsto que hasta hoy la comisión revisora concluya su evaluación a fin de llegar a 235 internos.
El indulto fue aprobado por el Jefe del Estado mediante el Decreto presidencial 1445, en diciembre de 2012. Posteriormente, esta medida fue refrendada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en enero de este año.
En la primera etapa, que concluyó el 1 de marzo, cerca de 250 privados de libertad fueron liberados. En este caso eran presos en situación de pobreza, que cometieron delitos menores y que cumplieron un tercio de su pena, embarazadas y adultos mayores. Llanos anunció que para cerrar las dos etapas del proceso, la próxima semana se realizará un acto con el Primer Mandatario y los reos que dejaron los penales.
El director de penitenciarías espera que, en esa ocasión, el Presidente anuncie la ampliación del plazo para que reclusos que no pudieron cumplir con su trámite puedan acceder al perdón. La propuesta, que sugiere que el indulto presidencial concluya a fin de año, fue elevada al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que esta autoridad lo presente al Jefe del Estado, dijo Llanos.
Si bien el término para que los presos puedan tramitar su salida de las cárceles puede terminar a fin de año, Llanos explicó que la diferencia con el anterior proceso es que el cumplimiento de un tercio de la condena, una de las exigencias, puede ser completada con posterioridad por el solicitante.
Es decir, precisó el Director de Régimen Penitenciario, si una persona tiene una condena de diez años puede tramitar su indulto pese a no cumplir con el tercio de sentencia antes de fin de año. El perdón, en este caso, se hará efectivo cuando haya pasado los tres años y seis meses de prisión.
“Eso va a mejorar el comportamiento de la persona que ha sido indultada, la que va a cuidar ese beneficio, porque sabe que se va a ir (de la cárcel); pero si asume alguna conducta irregular, (el indulto) se anula”, advirtió.
Llanos expresó que entre los ajustes solicitados al perdón presidencial está el hecho de que la revisión de las carpetas se haga en comisiones departamentales y no en una representación nacional, como se lo realiza actualmente. Se planteó también la creación de una comisión itinerante para que vaya a las provincias, donde no hubo beneficiarios.
Además se sugirió que se ponga énfasis en el tema de género, a fin de que las mujeres puedan salir en libertad, ya que en las dos primeras etapas la medida no benefició a muchas de ellas. Con la extensión del indulto y el cumplimiento de los requisitos, se espera que al menos 1.000 presos más salgan libres hasta 2015.
No obstante, acotó Llanos, está sujeto a análisis que las personas encarceladas o las que están en juicio oral puedan renunciar al mismo y someterse a procesos abreviados, a fin de beneficiarse con el indulto. Si se da vía libre a esta iniciativa, unos 1.000 presos que se encuentran en esa situación podrían favorecerse.
