El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó el pago de dos bonos anuales a jueces, vocales y funcionarios del Órgano Judicial, luego de revocar una anterior decisión de la Justicia chuquisaqueña que ordenaba la distribución del beneficio.
Esta decisión fue adoptada a través de la Sentencia Constitucional 0347/2013, que fue dictada el 18 de marzo, y que recién ayer se hizo pública a través del presidente del TCP, Ruddy Flores. La determinación resta el pago de los bonos Pantaleón Dalence y Complementario que recibían los empleados judiciales.
Antes de la aprobación de la Ley de Transición del Poder Judicial al Órgano Judicial, a fines de 2011, ambos pagos, consistentes en un salario, eran distribuidos, tanto a los trabajadores judiciales como al personal administrativo y jurisdiccional, incluyendo a las máximas autoridades de este sector del país.
El desaparecido Poder Judicial erogaba Bs 26 millones por cada uno de los bonos y éstos llegaban a aproximadamente 2.000 funcionarios, de ellos a 1.000 jueces y vocales de todo el país.
Según la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), para el pago de estos beneficios no era necesario recurrir al Estado, ya que sólo con los recursos propios que se recaudaban en el distrito Judicial de Santa Cruz, podía pagarse ambos bonos.
Sin embargo, tras la renovación de la justicia, los trámites de los litigantes tienen carácter gratuito. Con anterioridad, también se eliminó el uso de los papeles valorados para las acciones jurídicas. Por este motivo, el Órgano Judicial dejó de recibir cerca de Bs 66 millones al año.
El 4 de diciembre de 2012, la Amabol ganó un amparo constitucional que dispuso el pago inmediato de ambos bonos a los empleados judiciales. Empero, ese recurso fue enviado a revisión al TCP que, después de un análisis jurídico, revocó el amparo y, por consiguiente, la entrega de las remuneraciones.
Sentencia. Flores explicó que el fallo emitido por el TCP en marzo establece que la remuneración comprende el salario o sueldo mínimo que es el ordinario, más cualquier otro pago extraordinario no constituye el núcleo esencial del salario abonado por el empleador. “La remuneración no es lo mismo que el salario o sueldo, ni éstos igual que el bono”, agregó el presidente del TCP.
“En ese marco, la sentencia concluye que las ventajas económicas que pudieran favorecer a los servidores públicos a título de bonos, bajo cualquier nombre, no pueden asimilarse de modo alguno a un sueldo o salario mínimo u ordinario, ni a aquellos bonos que el Estado finalmente, reconoce mediante una norma”, explicó Flores.
