En ocho meses del juicio oral por el caso Terrorismo o Rózsa, el traslado de diez coimputados que están en cárceles de La Paz, Cochabamba y Beni, a sus audiencias en Tarija y Santa Cruz, demandó un total de Bs 725.336, pagados por el Estado.
Según datos oficiales, desde que comenzó ese proceso en Tarija, el 9 de octubre de 2012, hasta el 10 de mayo de este año, Régimen Penitenciario erogó ese monto, equivalente a $us 104.200, al cambio oficial con la moneda nacional.
“Ya parece un turismo aéreo esto del caso Terrorismo”, protestó el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, consultado respecto a ese gasto.
Y es que el presupuesto que se asignó para el transporte de diez presos en vuelos aéreos (ocho de ellos desde el penal de San Pedro de La Paz, uno desde la cárcel de Mocovi, en Trinidad, y otro desde la penitenciaría de El Abra de Cochabamba), así como el pago de viáticos para sus custodios, es superior al monto que destinó al traslado de reclusos a las provincias.
En los primeros cuatro meses de este año se destinó Bs 115.737 para llevar a los detenidos a las audiencias que se realizaron en juzgados del área rural, un promedio de 50 personas por mes.
El juicio por Terrorismo radicó en Santa Cruz por decisión del Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, presidido por el juez Sixto Fernández. El proceso comenzó en Tarija y no en La Paz, como estaba previsto con antelación, debido a que los acusados que se encuentran en el interior del país alegaron razones de salud para no acudir a la sede de gobierno.
Si bien el juicio se inició en la capital tarijeña el 9 de octubre de 2012, éste se desarrolló en esa ciudad hasta el 8 de febrero de este año. En ese periodo se realizaron un total de ocho viajes.
Posteriormente, por decisión de ese mismo tribunal, el proceso fue transferido a Santa Cruz, adonde los coimputados se trasladaron en siete ocasiones entre el 18 de febrero y el 26 de abril.
Llanos explicó que el traslado de esos internos representa un gasto extraordinario para la repartición que dirige, pues si bien en su presupuesto existe una partida de gastos judiciales y de traslado, ese monto es insuficiente para cubrir esos viajes.
“Tenemos que sacar plata de un lado para ponerlo en otro y así cumplir con el mandamiento judicial, eso nos afecta y a fin de año ya no hay dinero para otras actividades que estaban programadas”, aseveró la autoridad.
Según el Director de Régimen Penitenciario, debido a que no hay un presupuesto para el traslado de los acusados por Terrorismo, se tiene que solicitar una modificación presupuestaria al Ministerio de Economía, para lo que se tiene que hacer “toda una reingeniería”.
Aseveró que para cumplir las órdenes del tribunal se dejó de hacer algunas refacciones en algunos penales o tuvo que reasignar el dinero que iba a la compra de maquinarias, botas o zapatos para el personal.
A fin de alivianar este gasto, Llanos recordó que desde el Ministerio de Gobierno se emitió una resolución, la que es de conocimiento del Tribunal 1º de Sentencia, para que los presos soliciten su traslado voluntario a Santa Cruz o que sea esa instancia judicial la que defina aquello, pero hasta la fecha no se dio ninguna de esas opciones.
“Si los llevo de manera directa, ellos van a protestar; por eso tienen que solicitar estar con sus familiares”, manifestó.
Llanos recordó que, en una ocasión, el tribunal determinó suspender la continuidad del proceso una semana, por lo que su autoridad decidió que los procesados permanezcan en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, pero éstos exigieron su traslado. “Estamos en esa pugna”, agregó el director de penitenciarías.
El Proceso judicial por terrorismo
Audiencias
En abril de 2009, la Policía realizó un operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz, en el que desarticuló a un grupo separatista, según el Gobierno. En la incursión murieron Eduardo Rózsa, supuesto líder, y otras dos personas. Ahora fueron imputadas 39 personas, de las que 15 figuran en rebeldía.
