En Bolivia continúa la discriminación de indígenas y el retardo judicial, pero el país muestra avances en las sanciones a la violencia política contra las mujeres, según el Informe 2013 de Amnistía Internacional conocido este viernes.
«El relator especial de la ONU sobre el racismo reconoció ciertos avances (en el respeto a los derechos indígenas) pero expresó preocupación por la todavía persistente discriminación contra los pueblos indígenas y otras comunidades en peligro», señala el documento entregado a la AFP.
Cita las irregularidades surgidas en el caso de la consulta a los indígenas del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la construcción de una carretera que debía atravesar su territorio.
Lamenta que aún no se haya procesado a los responsables de la violenta represión ejercida contra los aborígenes durante la marcha que protagonizaron en 2011 oponiéndose a ese proyecto vial.
El informe menciona demoras en la administración de justicia, con mención expresa de los procesos de la masacre de indígenas en Pando (2008), de los presuntos mercenarios acusados de conspirar contra el presidente Evo Morales (2009) y de la indemnización a las víctimas de las dictaduras militares de los años 70 y 80.
Asegura también que «se recibieron denuncias de uso indebido del poder judicial contra personas que se oponían al gobierno o lo criticaban».
Son enumerados algunos casos de violaciones a la libertad de expresión como el atentado contra un periodista radial en Tarija (sur) y las querellas contra dos periódicos y una agencia de noticias acusadas de una supuesta tergiversación de las declaraciones del presidente Morales.
El resumen de Amnistía Internacional destaca la aprobación de la ley que castiga el acoso y la violencia política contra las mujeres.
