El senador por Convergencia Nacional (CN) Róger Pinto, a través de un abogado en Brasil, presentó un hábeas corpus extraterritorial contra el gobierno de Dilma Rousseff para que esa administración agilice su pronta salida de territorio boliviano.
Además, el recurso judicial prevé la concesión al legislador opositor de un vehículo diplomático para que pueda desplazarse fuera de la Embajada de Brasil, ya que se ha vulnerado su derecho a la libre locomoción, según explicó Fernando Tiburcio, encargado de un consorcio de abogados en esa nación.
“La medida es para que el Gobierno de Brasil busque medidas más efectivas para restablecer la gestión de salida del senador Pinto y su derecho de locomoción, porque está tratando la situación de un modo muy blando”, explicó el abogado que Pinto contrató para asistirlo.
El senador permanece desde fines de mayo de 2012 en instalaciones de esa legación diplomática en La Paz, debido a que el Gobierno le ha negado el salvoconducto para que pueda ir como asilado a Brasil.
El recurso fue presentado el viernes 17 de mayo ante el Tribunal Supremo Federal (similar del Tribunal Constitucional boliviano). Se prevé, para el 29 de mayo, que el pleno de esa repartición se reúna y discuta la procedencia o no de la demanda.
“Si sale procedente el recurso, el Gobierno brasileño debe hacer gestiones más afectivas y solicitar una posición del Gobierno de Bolivia por ser un caso de asilo político. Brasil debe definir si los delitos atribuidos a Pinto son políticos o no. No cabe a Bolivia impedir la salida”, manifestó a La Razón el abogado Tiburcio.
Según Folha de Sao Paulo digital, el habeas corpus además busca la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) o el ordenar el cumplimiento de acuerdos internacionales en la materia.
Caso. “Otra posibilidad es que el Tribunal Supremo determine la concesión de un vehículo diplomático (para que) Pinto (pueda) salir del país, una solución que podría apoyarse en la Convención de Viena, que garantiza la inviolabilidad de las representaciones extranjeras”, refiere la nota de Folha.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores, Sandra soriano (MAS), aseguró desconocer la demanda y criticó el hecho al calificarlo de una “presión” al Gobierno brasileño.
“Sorprende que el senador Pinto ahora esté presionando a ese Gobierno para que pueda salir del país; él no es perseguido político, sino que tiene procesos penales con la justicia, eso constituye huir del país. Él tiene todas la instancias para poderse defender. Esperaremos lo que diga la Justicia de ese país para manifestarnos”, señaló Soriano.
La legisladora reiteró que hay “hermetismo” por parte de la Embajada de Brasil en Bolivia sobre el caso Pinto, debido a que hasta el momento no se lo ha podido notificar y esa situación provocó que el proceso en su contra continúe “paralizado”.
