La Procuraduría del Estado lanzó una convocatoria internacional para contratar a un experto en derechos humanos que co-patrocine y asesore en la defensa del Estado en el proceso instaurado por la familia peruana Pacheco Tineo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pago por esos servicios asciende a $us 497 por hora y fija un límite máximo de remuneración de $us 50 mil.
Entre la justificación para acudir a la contratación de una extranjero está el hecho de que en Bolivia no existen profesionales con la experiencia específica en el ámbito de la instancia judicial internacional, dependiente de la Organización de Estados Americanos, según la convocatoria “Contratación de un profesional abogado experto en derechos humanos para el copatrocinio en el caso familia Pacheco Tineo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” fechada el 6 de marzo de 2013 y ubicada en el área de recursos humanos.
El caso de denuncia de violación de derechos humanos se remonta al 2001, cuando la familia Pachecho Tineo, dos adultos y tres niños, fue expulsada de Bolivia a su país de origen, Perú, como consecuencia del rechazo de la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiados políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la CorteIDH al considerar que el Estado de Bolivia era responsable internacionalmente por diversas violaciones como el derecho a la integridad psíquica, el derecho a solicitar y recibir asilo o la desatención de obligaciones de protección de menores.
«Cuando la Corte haya recibido los alegatos escritos y las observaciones por parte de la Comisión, que deben presentarse el 19 de abril, ya estará en condiciones de tomar una decisión sobre el fondo de este asunto, en el curso de este año», explicó desde Bogotá, el 20 de marzo, el presidente de la Corte, Diego García-Sayán, al término de una sesión.
La Procuraduría, encargada de la defensa legal del Estado, busca al co-patrocinante, justamente para coadyuvar en la defensa legal, desvirtuar los alegatos de los demandantes, preparación de testigos y peritos, preparación a los agentes del Estado, entre otras actividades.
El costo que se prevé pagar asciende a 497.50 dólares por “servicio discontinuo medida en unidad de tiempo (por hora)”. El cálculo referencial para el límite de remuneración por gestión administrativa ascenderá a 50 mil dólares, de acuerdo a las condiciones de la convocatoria publicada en la página web de la Procuraduría.
Entre 2001 y 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió al menos doce demandas contra el Estado boliviano, entre las que se encuentra una presentada por el hoy vicepresidente Álvaro García Linera y otras once personas por violación de los derechos humanos. El organismo internacional tiene en carpeta de análisis otras 77 peticiones.
El servicio del abogado será prestado, refiere la propuesta base, en el Estado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defina.
Los representantes de la familia defendieron en marzo ante el tribunal que el Estado habría violado el derecho de buscar y recibir asilo, el derecho a las garantías judiciales y de protección judicial y el derecho a la integridad personal, al denunciar malos tratos por parte de funcionarios bolivianos.
Por su parte, una de las representantes del Estado, Juana Costa, alegó que «no procedía (por parte de Bolivia) el inicio de un proceso formal de reconocimiento» de refugio ya que «no existió realmente una solicitud de refugio en el 2001». Y pidió a la CorteIDH que declare, en su sentencia, «que no ha existido ninguna violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
