El resultado del estudio de consumo tradicional de coca en Bolivia no determinará el cambio de la Ley 1008 o del espacio destinado al cultivo legal de la hoja, sólo será un referente, según afirmó Sabino Mendoza, coordinador nacional del Conaltid.
“Un estudio te va a dar un dato, mal puedo decir que el estudio es también una ley. Obviamente la investigación va a generar el debate. A eso se apunta a saber cuánta coca necesitamos para la industrialización de la coca o cuánto necesitamos para el consumo, eso es lo que se hace”, dijo el Coordinador del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Droga (Conaltid).
Agregó que esa investigación sólo dará una “línea base” que servirá para el análisis y debate entre dirigentes de organizaciones sociales y asambleístas nacionales. Acotó que será un insumo importante para la proyección de la nueva Ley General de la Hoja de Coca.
La Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988, reconoce 12.000 hectáreas de cultivos de coca legales en determinadas zonas de La Paz y Cochabamba. En la gestión del expresidente Carlos Mesa se emitió un decreto por el que se permite el cultivo de un cato de coca (40 por 40 metros) a cada afiliado del trópico cochabambino.
Mendoza hizo notar que no hay un estudio actualizado que fije la cantidad de coca necesaria para el consumo tradicional. Indicó que un trabajo “serio” en este rubro es el de William Carter y Mauricio Mamani, que data de mediados del siglo pasado. Es por eso que destaca la iniciativa de la Unión Europea (UE) para promover una investigación sobre este campo.
El Coordinador del Conaltid informó que actualmente se lleva a cabo cuatro estudios adicionales al otro que fue financiado por la UE con un millón de euros, el mismo que tuvo ocho componentes. Las nuevas investigaciones estarán listas para julio, pero después éstas deben ser cotejadas con las anteriores y el informe final estará antes de fin de año, adelantó.
Los cuatro campos adicionales de análisis son: la encuesta por actividad económica (mineros, choferes, zafreros, etc.); por muestreo de establecimientos económicos (formales e informales); consumo en zonas fronterizas (en poblaciones limítrofes); e industrialización y potencialidades de la coca.
La Unión Europea reclamó en reiteradas oportunidades la publicación de este estudio. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, también sostuvo en diferentes ocasiones que este trabajo estaba incompleto y que por eso no se hizo su presentación.
Investigaciones. Marco Ayala, que hace seguimiento a los últimos cuatro análisis, explicó que en el estudio auspiciado por la UE se fijó ocho aspectos cualitativos y cuantitativos. Entre los primeros están las políticas de la coca; el tema antropológico; el mercado de la hoja y las rutas; potencialidad y nuevos consumidores.
Entre los segundos están los estudios cuantitativos para determinar la productividad de la coca; la demanda y valor agregado, y los hogares que consumen el vegetal.
Son en esas ocho áreas que se identificaron “falencias” que ahora buscan ser superadas con las nuevas indagaciones, agregó.
Mendoza informó que el Tesoro General del Estado es el que financia el último estudio con cerca de Bs 2,4 millones.
