Las nueve asambleas legislativas cumplen mañana tres años sin la vigencia de sus estatutos Autonómicos, lo que, a su vez genera incertidumbre en torno a la futura composición y número de los asambleístas. Hasta el momento sólo Pando tiene un avance importante, ya que aprobó su estatuto y lo remitió al Tribunal Constitucional para su revisión.
Los entes deliberantes de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca aún debaten la redacción final de esos instrumentos normativos, mientras que en Santa Cruz, Beni y Tarija, que aprobaron sus estatutos en 2008, también permanecen trabajando en adecuarlos a la Constitución Política del Estado.
“Si los estatutos no están validados (hasta 2015) eso llevaría a una gran pregunta, sobre ¿cuál será el instrumento que definirá la composición de las asambleas en 2015?”, cuestionó la ministra de Autonomías, Claudia Peña, en entrevista con La Razón Digital.
La ley de Autonomías establece en el artículo 31: “El estatuto autonómico departamental deberá definir el número de asambleístas y la forma de conformación de la Asamblea Departamental…”.
La actual composición es producto de un reglamento aprobado en 2010 por la exCorte Electoral. La Paz con 45 asambleístas; Cochabamba, 34; Oruro, 33; Potosí, 32; Tarija, 30; Santa Cruz, 28; Beni, 28; Chuquisaca, 21; y Pando 16.
El legislador de la Asamblea de La Paz por Unidad Nacional (UN), Ángel Villacorta, afirmó que la aprobación del Estatuto “sufrió un estancamiento terrible” y que, desde julio, cuando fue aprobado ‘en grande’, poco o nada se avanzó. Si no lo aprobamos hasta 2015, podemos ser juzgados por incumplimiento de deberes porque nuestro mandato es aprobar esos documentos, advirtió.
En mayo de 2010 asumieron funciones los asambleístas departamentales y, desde entonces, sólo Pando logró adecuar el estatuto a la Constitución Político del Estado y remitirlo al Tribunal Constitucional para su validación.
En Chuquisaca la situación es similar a la de La Paz, advirtió el presidente de la Comisión de Autonomía, Oscar Rodas, quien dijo que no se cumplió con el compromiso de entregar el documento como homenaje al 25 de mayo, día del Primer Grito Libertario de América.
En Cochabamba el panorama es otro con la existencia de dos propuestas de estatuto, en tanto que en Oruro empezó la socialización del texto en borrador, inicialmente en las provincias, para luego realizar mesas de trabajo en la capital, informó el presidente de la Comisión de Autonomías, Rubén Soliz.
En Potosí se espera recibir sugerencias y observaciones sobre el estatuto hasta finales de mayo, dijo el asambleísta César Guerra.
En el caso de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba los estatutos tienen que ser aprobados en las asambleas, para luego ser sometidos a control constitucional y, finalmente a un referéndum departamental. En Santa Cruz, Beni y Tarija, que aprobaron esos documentos en referéndums de 2008, deben adecuarlos a la Constitución y someterlos a control constitucional.
Todo ese proceso debe concluir hasta 2015, para que los ciudadanos puedan elegir al número de asambleístas que establezca cada estatuto departamental.
Lo más preocupante –dijo Peña- son los plazos, debido a que restan ocho departamentos por presentar sus estatutos al Tribunal Constitucional, lo que hace prever que el 2014 sea un año de referendos departamentales en caso de que hasta finales de año las regiones cumplan con la CPE.
El artículo 275 dice que la Carta Magna prevé: “Estatuto Autonómico deberá ser aprobado por dos tercios de votos por el pleno de las asambleas y remitido al TCP para su control constitucional, y luego será sometido a un referéndum aprobatorio para su entrada en vigencia”.
El asambleísta de Cochabamba, Marco Carrillo, dijo que las organizaciones sociales de esa región dieron tres meses para que la Asamblea Departamental apruebe el Estado.
Un conteo de La Razón Digital estableció que en dos años y diez meses al menos 568 leyes departamentales fueron sancionadas y promulgadas entre las nueve asambleas legislativas departamentales. Más del 95% de las normas son administrativas-declarativas y de poco impacto regional, según reconocieron los propios asambleístas, que atribuyen esa situación a que avocan sus esfuerzos a la redacción de los estatutos autonómicos.
