El oficialismo en la Asamblea Legislativa admitió que hay falencias de orden externo en el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Se quejan de retraso en obras y, dada la lejanía de muchos proyectos, el poco interés o la informalidad de las constructoras.
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, refirió que no hay muchas empresas que quieran adjudicarse los proyectos en el área rural y cuando lo hacen, dejan los trabajos incompletos.
“Cuando (las obras) están en lugares lejanos los costos se duplican; pese a esto, las firmas no quieren ir y cuando lo hacen, abandonan la obra a medias. Otro problema es que hay constructoras que no tienen los 100.000 o 200.000 bolivianos para la garantía en las aseguradoras y no pueden ser contratadas”, relató el senador.
Un tercer elemento, añadió, es que en los últimos meses el costo de la mano de obra se duplicó, ya que la gente prefiere dedicarse a la minería y no a la construcción. Para resolver estos problemas se propuso a los alcaldes “crear empresas constructoras en los mismos lugares (de la obra), con gente que viva y trabaje ahí”.
En esa línea, el segundo Secretario de Diputados, Galo Bonifaz (MAS), dijo que hay demora en la entrega de obras en alcaldías. “Trabajos que deben durar 120 días, los terminan en 200, esto porque los proyectos se hallan en zonas fronterizas y lugares de acceso complicado, donde sólo se llega en lanchas, barcazas o a pie”.
La pasada semana, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, denunció que el Gobierno a través de Evo Cumple usó más de 438 millones de dólares sin informar ni rendir cuentas. Además, dijo que las obras fueron utilizadas para crear “clientela política y de campaña electoral”.
El presidente de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Javier Zabaleta, pidió a UN organizarse para elaborar una petición de informe sobre el programa al titular de Ministerio de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En respuesta, la diputada Elizabeth Reyes (UN) manifestó su desconfianza en la labor del Legislativo, manejado por el oficialismo, y descartó una investigación imparcial. “Ya remitimos la investigación a la Contraloría, al Ministerio Público y a las instancias pertinentes. Esa Comisión (de Economía Plural) debe llamar de oficio a Quintana”, reclamó.
