Los jueces de Bolivia se declararon en estado de emergencia por haber sido excluidos del incremento salarial que habría sido acordado el fin de semana, en La Paz, entre autoridades del Gobierno y los máximos representantes del Órgano Judicial.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), César Suárez, confirmó a La Razón que mañana se llevará adelante en Sucre una reunión de emergencia del directorio, incluido los presidentes departamentales de esa organización, para asumir una posición unánime respecto a esta temática.
De acuerdo con Suárez, en la cita de La Paz, las autoridades habrían acordado un incremento salarial que oscile entre Bs 500 y Bs 650 para jueces y vocales, respectivamente. Ese aumento fue calificado como “injusto y discriminatorio”, si se toma en cuenta el alza en los haberes que determinó el Ejecutivo para los otros sectores públicos.
Un reporte de la agencia ANF señaló que el encuentro se habría realizado entre los presidentes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el vicepresidente Álvaro García Linera.
Decisión. En ese encuentro habrían dado luz verde al incremento salarial que excluye a los vocales, según la información que recibieron de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF).
La Amabol considera que los presidentes y magistrados del país deberían ganar Bs 18.000, mientras que los vocales Bs 16.000, los jueces de Partido Bs 14.000 y los de Instrucción Bs 12.000. A partir de esa escala salarial se debiera definir los otros montos en los sueldos, tomando en cuenta las áreas académica y jurisdiccional.
Suárez también consideró que el salario mínimo en el Órgano Judicial debería ser de Bs 3.000, ya que los actuarios y auxiliares son profesionales abogados que cumplen una tarea fundamental en la administración de justicia en Bolivia.
El presidente de Amabol expresó que se debe elaborar una nueva planilla salarial del Órgano Judicial con base en la autonomía económica de los poderes, tal como lo establece la Constitución Política del Estado.
A nombre de los jueces del país, Suárez pidió al Gobierno un trato igualitario y justo, y que además respete la independencia financiera. “Se ve que (el Órgano Judicial) está supeditado al Ejecutivo”, afirmó y después lamentó que no se haya tomado en cuenta la propuesta de su organización.
