El exprefecto de Tarija, Mario Cossío, quien fugó a Paraguay, debe afrontar 22 juicios por hechos de corrupción y un daño económico al Estado que, preliminarmente, asciende a 388 millones de bolivianos, aseguró el lunes la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo.
La autoridad, en entrevista en Bolivia TV, desvirtuó de esa manera las recientes declaraciones de Cossío, que pretendió hacer ver que los juicios ‘son inventados’ y que el interés por procesarlo es ‘político’ para anularlo rumbo a las próximas elecciones de 2014.
Suxo manifestó que los procesos contra el ex Prefecto cursan en la justicia, muchos de los que fueron interpuestos por sus propios allegados como es el caso del ex diputado por Podemos, Fernando Barrientos, cuando ejercía el cargo de Jefe de Transparencia en la prefectura y otros por gente que vio afectados los intereses de esa región sureña del país.
Las denuncias se refieren, por ejemplo, a obras que fueron inauguradas y que; sin embargo, nunca fueron concluidas u otras que a días de su estreno ya presentaban rajaduras y deterioro.
Así también, indicó se calculó un daño económico al Estado preliminar de 388 millones de bolivianos, aunque durante el juicio se establecerá el monto total.
“Debe asumir su defensa, tiene garantías para su defensa, este es el momento en que venga a Bolivia y asuma su defensa y no siga los pasos de su hermano que luego de 4 años de sentencia por enriquecimiento ilícito fugo del país”, dijo.
La Ministra explicó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que recoge las convenciones suscritas por Bolivia sobre lucha contra la corrupción establece que no se puede dejar actos de corrupción en la impunidad, por lo que procede el juzgamiento en rebeldía, que es lo que se hará en el caso de Cossío debido a su prolongada ausencia.
Agregó que el ex Prefecto debe justificar la ‘inmensa’ fortuna que posee, pues se trata de más de 26 bienes y empresas, que también están a nombre de sus familiares, por lo que dos de sus hijas, entre otros, deben responder por enriquecimiento ilícito con ‘afectación’ al Estado.
