La instalación de unidades militares en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) estará sujeta a un proceso de consulta a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que habiten el área protegida. Esta disposición está contenida en el anteproyecto de Ley Marco de Consulta.
Después de una serie de reuniones entre el Gobierno y los sectores sociales, se diseñó la iniciativa legislativa conocida como “Libro Verde”. Este proyecto cobró respaldo de los movimientos cercanos al oficialismo, pero a la vez rechazo de organizaciones críticas con la actual administración.
En el artículo 6 del proyecto se establecen las materias que no requerirán consulta para ejecutar un plan. En ese marco, destaca que la instalación de bases militares será sujeta a un proceso consultivo.
“(No son objeto de consulta) las medidas legislativas o administrativas relacionadas a la seguridad del Estado, salvo la instalación de bases militares en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y respetando o salvaguardando derechos a la integridad territorial, hábitat y condiciones de vida”, establece el inciso b) del artículo 6 del proyecto, que fue elaborada por el Ministerio de Gobierno y las organizaciones sociales.
La inclusión de este parágrafo dividió el pensamiento de los sectores indígenas-campesinos. Por un lado, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) apoyaron la decisión incluida en el plan.
“Este proyecto fue elaborado bajo consenso de los sectores sociales (…). En este punto sobre (la instalación de) las bases militares es necesario ejecutar una consulta a los hermanos indígenas y campesinos, tenemos que contar con su aprobación para instalar campamentos”, expresó el dirigente campesino Rodolfo Machaca.
Respaldo. En esa línea, la secretaria ejecutiva de la CNMCIOB-BS, Felipa Huanca, apoyó el proceso consultivo para instalar campamentos de uniformados en las TCO.
“Hubo gran índice de consenso en la elaboración de este proyecto. Es importante consultar a las bases, sobre todo en un tema que tiene que ver asuntos militares”, declaró.
Aludiendo que una TCO desarrolla su propio sistema de organización, por el contrario, el secretario de Recursos Naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Nelson Bartolo, rechazó la instalación de bases militares en ese espacio, pese a que haya el proceso consultivo.
“Este proyecto no toma el tema de territorialidad y hay una mezcla de consulta previa con consulta pública e instalación de bases militares en nuestros territorios, algo que rechazamos, por supuesto”, dijo Bartolo.
Sin un proceso de consulta, el Gobierno ya instaló, mediante decreto supremo, una base militar en la comunidad indígena de Ichoa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este regimiento evitará asentamientos ilegales.
La TCO es una modalidad de propiedad agraria donde pueblos indígenas desarrollan sistemas de organización económica, social y cultural comunitarios.
Choque de enfoques retrasa el tratamiento de la norma
Entre 2011 y 2012 hubo cuatro reuniones para lograr consenso en torno a los insumos del proyecto de Ley Marco de Consulta. Por un lado, se aplaude la elaboración de la norma; mientras que por otro, observan la metodología y anuncian la elaboración de un proyecto diferente.
Un bando es afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos sectores elaboraron la iniciativa y aportaron insumos para su conclusión. Entre las organizaciones están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), el Gran Consejo Chimán, la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq) del departamento de La Paz. “Se hizo un trabajo serio y organizado que logró consensos y aportes a este proyecto. Se invitó a otros sectores, pero no tomaron en cuenta la invitación y optaron por criticar esta metodología y creo que hicieron un proyecto paralelo”, explicó el dirigente campesino Rodolfo Machaca.
El proyecto tuvo el asesoramiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Ministerio de Gobierno es la entidad estatal encargada de organizar la iniciativa.
En el otro bando están los grupos contrarios al proyecto oficialista. Dirigentes como Adolfo Chávez, Lázaro Tacoó y Pedro Nuni encabezan el reclamo, al que se sumó parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní y del Conamaq.
“Para nosotros no va el Libro Verde (proyecto de ley), no nos hemos puesto de acuerdo y eso hemos intentado trabajar en dos mesas técnicas; no hemos podido encontrar un punto de encuentro porque la propuesta del Gobierno no toma (en cuenta) el tema de territorialidad y hay una mezcla de consultas”, recriminó el secretario de Recursos Naturales de la APG, Nelson Bartolo. Estas posiciones encontradas impiden el consenso en un mismo proyecto. Machaca pidió a los críticos entregar sus observaciones para que sean evaluadas.
Reconocen la función de la TCO
Diferencia
La nueva Constitución reconoce la integralidad de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). En el texto se incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables; y la facultad de aplicar sus normas propias, sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo con sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.
