La previa defiende a los indígenas y la pública, los impactos ambientales
La actividad en hidrocarburos y minería son políticas clave de desarrollo para el Gobierno. En caso de que se localice estos recursos naturales en territorios indígenas o comunidades campesinas, se podrá ejecutar dos tipos de consulta a los habitantes para iniciar trabajos: la previa o la pública.
El proyecto de Ley Marco de Consulta establece dos tipos de consulta. La previa es un derecho de los pueblos indígenas. “Es un instrumento para protegerlos y también para fundamentar el desarrollo de sus derechos colectivos en función de acuerdos que se generen con el Estado”, explicó en diciembre de 2012 el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La duración de este tipo de consulta en actividades hidrocarburíferas puede durar hasta 120 días y el Ministerio de Hidrocarburos será la entidad responsable de dirigir el proceso.
Por su parte, la consulta pública será aplicable a comunidades campesinas, interculturales y afrodescendientes, con jurisdicción en las poblaciones que puedan ser afectadas por las iniciativas o los proyectos estatales. Este tipo de proceso generará acuerdos para mitigar impactos ambientales; aquí se pueden incorporar otros actores que no estén organizados en comunidades, como una población local.
Así, la consulta pública es una suerte de audiencia con la población involucrada para discutir los impactos ambientales del proyecto en cuestión, sea hidrocarburífero, sea minero.
El vicepresidente Álvaro García anunció, en mayo, que el Estado ingresará a los parques nacionales para explorar y explotar recursos hidrocarburíferos, porque son áreas “altamente petroleras y gasíferas”. Esas tareas —complementó— estarán acompañadas por una política de mitigación de daños ambientales.
Ante el anuncio se originó cierta resistencia. Indígenas de tierras bajas rechazaron la iniciativa del Vicepresidente y adelantaron que no aceptarán que se explore en parques nacionales.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone que “en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos de su subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados (…)”.
Ley evitará trabas para la ejecución de obras
El Ejecutivo ya no quiere conflictos similares a los ocurridos por el TIPNIS
Lo dijo hace un año el presidente Evo Morales. Con la implementación de la Ley Marco de Consulta, el Ejecutivo intenta eludir futuras trabas que surjan por decisión de los movimientos sociales y que retrasen la ejecución de megaproyectos.
Ese anuncio cobró repercusión en la actualidad. Hace un mes, el vicepresidente Álvaro García indicó que el Estado ingresará a los parques nacionales para explorar y explotar recursos hidrocarburíferos. Esas tareas estarán acompañadas por una política de mitigación de daños ambientales y la ejecución de una consulta a las comunidades indígenas.
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, apoyó la posición de ambos dignatarios.
Dijo que implementando la normativa se evitarán movilizaciones en contra de la ejecución de megaproyectos, algo similar como lo que ocurrió en la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Con el diálogo se llegarán a acuerdos, ese es el objetivo de la consulta (…). Con la ley, que auspicia el diálogo, se podrán evitar trabas que surjan por parte de algunos sectores que utilicen un discurso político contra la política de desarrollo que maneja el Gobierno”, explicó Rojas.
El proyecto se diseñó desde 2012
Trabajo
El proyecto de Ley Marco de Consulta comenzó a elaborarse a principios de 2012, a raíz de las limitaciones que empezó a mostrar la Ley 222 de Consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La iniciativa tiene el consenso de las organizaciones sociales.
