El vicepresidente Álvaro García planteó a la Asamblea Legislativa Plurinacional crear una comisión para investigar la participación del empresario y político Samuel Doria Medina en el proceso de privatización en la década del ´90 y establecer vías de sanción para todos quienes causaron daños al Estado, considerados delitos imprescriptibles. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó a Doria Medina de cometer irregularidades en ese proceso.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentó en la interpelación por el programa Bolivia, cambia Evo, cumple en la Asamblea documentos sobre las actuaciones de Doria Medina como asesor y luego como ministro de Planificación del gobierno de Jaime Paz en acuerdos con Estados Unidos y procesos de privatización de las empresas estatales, entre otros aspectos sobre la base de montos que, prácticamente las declaraban –reveló- de remate.
“Cuando viene un infeliz a vender una empresa estatal, es un vendepatria”, afirmó García y recordó que el artículo 121 de la Constitución Política del Estado establece que “los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad”.
Doria Medina señaló en su cuenta de Twitter que el gobierno no tolera la fiscalización. «Soberbia, uso y abuso del poder, las amenazas, van mas alla de uno, revelan plan por el poder total, la respuesta es la #Unidad-Alternativa (sic)»
Durante el gobierno de Paz Zamora se encaró el denominado programa de ajuste estructural, “que no era otra cosa que la privatización del Estado republicano”, en el marco del que –dijo Quintana- fueron suscritos convenios con el país del norte, por ejemplo por cooperación de 18 millones de dólares y 66 millones de dólares que estaban condicionados a metas económicas y la erradicación de cultivos de coca. Detalló que el acuerdo por 18 millones de dólares también tenía el objetivo de financiar la deuda con Washington.
Además reveló que otros acuerdos fijan establecer un régimen cambiario basado en el mercado, como el compromiso del Gobierno de ese entonces de privatizar empresas del Estado hasta el 1992. “Quién impuso las privatizaciones al gobierno de Paz Zamora, al gobierno de Samuel Doria Medina?, el Gobierno norteamericano”, insistió y añadió que otra las condiciones de cooperación fue “la masacre blanca” en la administración pública.
Respecto a una donación de 20 millones de dólares, señaló que fue para la balanza de pagos y derivó en la creación de un fideicomiso en el que el Gobierno debió depositar 4 millones de dólares para financiar “los gastos administrativos, de operación y capital de Usaid, incluyendo la construcción de un edificio y equipamiento para las oficinas de Usaid”.
“Me siento profundamente indignado, con ganas de llorar frente a la inmundicia, al servilismo, a ese abandono total de un átomo de cariño a la patria que exhibían los anteriores gobiernos”, afirmó García tras escuchar a Quintana sobre los acuerdos que habría firmado Doria Medina, quien cuestionó el programa Bolivia, cambia Evo, cumple por falta de transparencia, lo que terminó en la interpelación al ministro.
Recordó que el entonces autoridad del gobierno de Paz Zamora comprometió privatizar una empresa por semana. Señaló que, por ejemplo la empresa de Cerámica en Sucre, que costaba más de 100 millones de dólares, le pusieron base de 50 dólares y fue adquirida en seis mil dólares, mientras que una planta de pollo fue comprada en 16 mil dólares, pero estaba tasada en dos mil dólares.
García planteó a los legisladores formar una comisión para investigar lo que representó el proceso de privatización. “Eso no puede quedar así, tenemos que sentar precedente para que no haya gente que vuelva a hacer esas barbaridades”, sostuvo y añadió que la norma marca la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado, por lo que “aquellos que vendieron la patria hace cinco, diez, 20 años no pueden quedar impunes”.
“Doria Medina no puede quedar inmune, no tiene derecho de matar la patria, destruirla, pisotearla y luego caminar en la calle con un dandi, disfrutando de una plata –seguramente la investigación dirá- mal habida…investiguemos esta privatización (1990,91 y 92) y, si es posible establezcamos las vías de sanción a estos vendepatrias, que tanto daño le han hecho a la patria”, desafió.
La mayoría oficialista del Legislativo aprobó el informe de Quintana y reafirmó su confianza en su gestión. La presidenta de Diputados, Betty Tejada, una de las peticionarias, aseguró que están conformes con el informe.
Además fue aprobado el respaldo al programa Bolivia, cambia Evo, cumple y la propuesta de duplicar sus fondos, que entre 2007 y 2013 representó una ejecución de 670,9 millones de dólares en 4.580 proyectos.
Quintana reveló que los gastos reservados en la administración de Paz Zamora fueron creciendo de forma sostenida. En 1990 fue de 28 millones de bolivianos; en 1991, de 33 millones; en 1992, de 38 millones; y en 1995 subió a 67 millones de bolivianos.
