Hasta la fecha, el 80% de los municipios del país está en alguna etapa de elaboración de sus cartas orgánicas, incluso, algunos ya han concluido con este proceso legal. “Hay 339 municipios en el país, de los cuales 11 están en proceso de convertirse en autonomías indígenas y 264 están en algún momento del proceso de elaboración de sus cartas orgánicas. Asimismo, 44 ya han enviado sus proyectos autonómicos a revisión al Tribunal Constitucional”, señaló el viceministro Gonzalo Vargas, del Ministerio de Autonomías.
En tanto, la autoridad afirmó que 64 gobiernos municipales no han iniciado siquiera la redacción de los borradores de sus textos y que no se tiene un reporte de los avances en esta materia.
Vargas destacó el trabajo de varias comunas que conformaron sus consejos consultivos y elaboran sus cartas con miras a la consolidación de sus autonomías. Uno de esos casos es el municipio de Cocapata (Cochabamba), que envió en octubre del año pasado su proyecto orgánico al TCP para la respectiva revisión.
A principios de este mes, la instancia de control constitucional emitió el fallo, declarando compatible a la Constitución Política el 85% de ese texto. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, explicó que los artículos observados de inconstitucionales se refieren a contradicciones e incompatibilidades con la Carta Magna, como la administración de catastro rural, una competencia exclusiva del Estado central.
“Las observaciones pueden ser subsanadas y corregidas por el Gobierno Municipal de Cocapata, y a partir de ello se emitirá una declaración constitucional que haga referencia única y exclusivamente a estos artículos que han sido declarados inconstitucionales”, aseveró el magistrado.
Labor. Flores anunció que en las próximas semanas el TCP emitirá su pronunciamiento sobre el estatuto de Pando y cinco autonomías indígenas, citó la agencia estatal ABI. Por otro lado, Vargas aseguró a La Razón que se ha identificado una serie de problemas en municipios y gobernaciones que no les permite avanzar en la consolidación plena de sus autonomías.
Por ejemplo, muchas regiones no han previsto los recursos económicos para financiar las actividades de redacción de textos. Además, se registran conflictos internos, falta de consenso y desacuerdo entre los entes ejecutivo y deliberante; los conflictos limítrofes también provocan retraso. Otra debilidad es no contar con asesores calificados en el tema.
