La decisión está tomada. Los niños y adolescentes mayores a seis años que viven con sus progenitores en las cárceles serán evacuados de esos recintos. Empero, antes de esa labor, el Gobierno y organizaciones protectoras de los derechos infantiles realizarán un censo, un estudio socio-psico-económico y una campaña de sensibilización a los padres.
Con ese fin, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, citó ayer a delegados de instituciones que ven este problema, como el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Régimen Penitenciario.
La decisión fue asumida luego de que se denunció, en las últimas dos semanas, casos de violación a niños en penales de La Paz y Santa Cruz, así como el brote de meningitis en San Pedro.
Ayllón aclaró que el desalojo será paulatino y exhortó a las instituciones a asumir su rol. Por ejemplo, explicó, la Defensoría de la Niñez deberá velar por que los derechos de los menores se cumplan, en tanto que el Sedeges tendrá que garantizar un albergue o una familia sustituta.
“Lo primero que se va a hacer es un estudio socio-psico-económico que permita ver si los niños tienen o no una familia extendida para que pueda darse la tutela”, manifestó. Ese análisis, precisó, se hará en cárceles de todo el país.
La autoridad indicó que en caso de que los menores no tengan una familia extendida, serán trasladados a un hogar de acogida hasta que cuenten con una familia sustituta. Agregó que con la medida se busca cumplir la ley, que vivan en penales sólo los menores de seis años.
Advertencia a reclusos
Proceso
El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, advirtió ayer con iniciar procesos a reos del penal de San Pedro que causan destrozos en sus protestas. Los internos piden su renuncia.
Chonchocoro es ‘recuperada’
En medio de protestas y una huelga de un grupo de privados de libertad que se resistía a acatar la ley, la Dirección General de Régimen Penitenciario y la Policía recuperaron ayer el control policial y civil de Chonchocoro. En el penal se aplicará un sistema progresivo de reos en áreas de máxima, mediana y mínima seguridad, como establece la Ley 2298, constató la agencia estatal ABI.
“Para mí es emocionante anunciar a la población que ésta es la primera cárcel que es recuperada de la delincuencia. Este centro de reclusión de máxima seguridad estaba controlado por los presos durante muchísimos años”, explicó el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, tras la intervención.
Denunció que “hasta hoy (ayer), los reclusos mandaban en ese centro y, como ocurre en otras cárceles del país, no permitían el ingreso de la Policía, “que no tenía la fuerza para intervenir y asumir medidas”.
Explicó que de esa manera, con la intervención policial y control civil, se inicia en ese penal de máxima seguridad, que tiene una población penal de más de 140 internos, una efectiva reestructuración.
