La justicia indígena, originaria y campesina se ejerce en 45% de los municipios del área rural del país. El 55% restante cuenta con un juez ordinario al que sus pobladores pueden acudir para resolver sus conflictos.
En Bolivia hay 339 municipios, que se clasifican por la cantidad de población en A, B, C y D. Sin embargo, no existe una catalogación respecto a qué municipios se consideran rurales y cuántos son.
El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, explicó que en lugar de que se creen más juzgados en aquellas zonas donde no hay, lo que se debe hacer es fortalecer la Justicia Originaria. Así se acordó con autoridades indígenas en un encuentro en Cochabamba a mediados de junio.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (en 2009) y tras el reconocimiento de la Justicia Originaria, que tiene el mismo nivel de la Ordinaria, se produjo el fortalecimiento de la primera y una complementariedad con la segunda.
Si bien la Carta Magna reconoce las formas de organización de los pueblos y naciones indígenas, los procedimientos que siguen en la administración de su justicia son diferentes, por lo que esa información debe ser sistematizada, explicó Flores.
La Justicia Ordinaria tiene un procedimiento normativo sobre a los pasos a seguir, y la Originaria se rige por usos y costumbres, que se transmiten vía oral y se van adecuando a las necesidades del pueblo. A fin de tener mayor información sobre el procedimiento que siguen las naciones originarias, el Constitucional espera que los coordinadores que vayan a nombrar, a través de sus organizaciones nacionales, puedan ayudar a entenderlos mejor.
“Los procedimientos son orales y lo único que hará el Tribunal Constitucional es ordenar esos datos y se tendrá conocimiento de cómo se ejerce en la práctica”, explicó Flores. Según lo acordado, esa información también servirá para establecer quiénes son las autoridades originarias acreditadas, resolver los problemas que se presenten en la comunidad y cuál es su jerarquía.
Acreditación en un mes
En un mes, las organizaciones que representan a pueblos indígenas originarios deberán acreditar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a un coordinador departamental.
El presidente de la institución, Ruddy Flores, explicó que esos delegados deberán interactuar con las oficinas de coordinación departamental del Tribunal Constitucional.
Con dichos representantes, “vamos a empezar a sistematizar todos los procedimientos que se aplican en materia de justicia indígena, originaria y campesina en las distintas regiones del país ”, anunció.
Esa información servirá de igual manera para conocer cómo se designa y sustituye a una autoridad originaria en todos sus niveles de representatividad.
Los datos también serán considerados como base para que el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva conflictos de competencia con la Justicia Ordinaria.
Este procedimiento es vital para la coexistencia de ambos sistemas.
