La comisión legislativa que investigará la etapa de privatización de empresas públicas cubrirá un período de 16 años, entre 1989 y 2005, por lo que su misión no estará referida sólo a enfocarse en la participación del político y empresario Samuel Doria Medina en ese proceso, que representa “una etapa oscura” para Bolivia, afirmó el presidente en ejercicio Álvaro García.
Hasta el momento no hay plazo para formar y encaminar el trabajo de la comisión especial, anticipó, aunque sostuvo que en esta o la próxima semana podría darse algunos avances. El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) controla la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras que la oposición es la fuerza minoritaria.
García informó que sostiene reuniones con las presidentas de Diputadas, Betty Tejada, y del Senado, Gabriela Montaño, para estudiar y definir las características de la comisión bajo términos de “amplitud en su composición para llevar adelante esta investigación” que, explicó, no sólo se centrará en el papel de Doria Mediana.
“Va a ser una investigación referida a toda esa etapa oscura de la historia económica boliviana llamada privatizaciones, que comenzó en 1989 y culminó en 2005. Es una etapa oscura, es la década perdida, la década robada de la economía boliviana”, señaló y añadió que habrá que recopilar una serie de información que está dispersa.
El vicepresidente instruyó el 20 de junio la formación de la comisión luego de escuchar un informe del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre la participación del líder opositor en la privatización, en su condición de asesor y luego de ministro de Planificación en el gobierno de Jaime Paz. Quintana habló del tema en parte del informe que dio sobre el programa Bolivia cambia, Evo cumple ante la Asamblea Legislativa.
Durante el gobierno de Paz Zamora se encaró el denominado programa de ajuste estructural, “que no era otra cosa que la privatización del Estado republicano”, en el marco del que –dijo Quintana en ese entonces- fueron suscritos convenios con el país del norte, por ejemplo por cooperación de 18 millones de dólares y 66 millones de dólares que estaban condicionados a metas económicas y la erradicación de cultivos de coca. Detalló que el acuerdo por 18 millones de dólares también tenía el objetivo de financiar la deuda con Washington.
Doria Medina consideró en varias ocasiones que ello es respuesta al proceso de fiscalización al programa Bolivia cambia, Evo cumple. El líder opositor denunció falta de transparencia en la iniciativa gubernamental y que en al menos 385 proyectos tienen cero ejecución, pese a que fuera desembolsado los recursos para su puesta en marcha.
García afirmó que la privatización llevó al descalabro nacional. “Hubo gente que entregó ese bien común (empresas públicas) a manos extranjeras, a privadas, lo que es de todos lo entregó a unos; esos fueron negociados terribles que llevaron a nuestra patria al descalabro total, al hundimiento económico, a la pobreza y a la subordinación absoluta”.
Anticipó que la investigación tomará su tiempo.
