La Fiscalía del Beni emitió ayer una orden de aprehensión contra Adolfo Chávez, presidente de un sector de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), y Fernando Vargas, dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Ambos son sindicados de ordenar la golpiza del dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, el 24 de junio en la comunidad San Pablo. Los dos dirigentes acusados rechazan la justicia ordinaria y piden ser juzgados por usos y costumbres.
El sector indígena dirigido por Flores y Vargas evitó la realización de un encuentro de corregidores tachado de armado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Conisur. En esa oportunidad, Pradel fue chicoteado en un espacio público por prestarse a supuestas manipulaciones.
“De persistir los fiscales y jueces en conocer la causa, se acudirá con un amparo constitucional al Tribunal Constitucional, haciendo conocer la incompetencia de la justicia ordinaria para llevar adelante el proceso”, subrayó Chávez.
La orden de aprehensión fue emitida porque los investigados no se presentaron a declarar ante los fiscales asignados al caso, tras la denuncia interpuesta por Pradel. A criterio de Chávez, el afectado debió presentar su queja en la subcentral donde ocurrió el hecho y no en la justicia ordinaria.
