La abogada del MSM, Aida Camacho, denunció que en la VIII Marcha Indígena por el TIPNIS, en septiembre de 2011, el Ejecutivo infiltró al menos a 15 agentes para azuzar un enfrentamiento y así justificar la intervención de Chaparina. El Gobierno se dispensó de referirse a este tema.
“Estamos hablando de 15 personas denominadas agentes provocadores que han ingresado a la marcha y que tenían como único objetivo el de dar a conocer al Ministerio de Gobierno cuáles eran las acciones, la planificación de todo y el desarrollo de la marcha para que pudieran llegar a la represión de la manera como lo hicieron”, declaró, aunque no identificó a los infiltrados.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, se excusó de responder a la nueva denuncia y pidió que se solicite la información al Comando General de la Policía.
Hechos. El miércoles 10 de julio, activistas en derechos humanos e indígenas que participaron en la citada marcha denunciaron que la Policía infiltró a la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez, a quien responsabilizaron por la agresión que sufrió el canciller David Choquehuanca, que viajó a Chaparina el 24 de septiembre de 2011, para dialogar con los marchistas, un día antes de la intervención policial.
El fin de semana, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, justificó la presencia de esa policía porque aseguró que para ejercer funciones coercitivas sujetas a la ley, la entidad del orden debe desarrollar con anticipación acciones de prevención.
Camacho aseguró que los 15 hombres y mujeres que se infiltraron en la marcha ingresaron como “agentes provocadores”, que además de informar a la Dirección de Inteligencia qué es lo que sucedía, realizaban actos de instigación y agresión contra los uniformados, ello con el fin de justificar la represión. La abogada Camacho espera que la actuación de esos funcionarios sea investigada por la comisión de fiscales que está a cargo del caso Chaparina.
Aguarda que esas diligencias prosperen, así como su requerimiento de que Boris Villegas —exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno que tiene detención preventiva en el penal de Palmasola, acusado de conformar una red de extorsión— emita su declaración ampliatoria.
El fiscal del Distrito de La Paz, José Ponce, explicó que para que se pueda tomar las declaraciones a Villegas, los fiscales del caso deben determinar si lo hacen en Santa Cruz o trasladan a la exautoridad a la sede de gobierno.
Informó que con esa finalidad, la comisión envió una nota a la fiscal de La Paz suplente, para que ella determine qué es lo que se debe hacer porque la comisión ya cumplió con tomar las declaraciones a Villegas en dos ocasiones. “Se le tiene que tomar (la declaración), es parte del ejercicio de su derecho a la defensa. Se verá si es que los fiscales van allá o él se traslada aquí (el acusado)”, indicó Ponce.
Consultado sobre si el exministro de Gobierno Sacha Llorenti pueda declarar otra vez en este caso, Ponce aclaró que éste tendría que hacer esa solicitud, ya que de otro modo no es posible.
Caso en indagación
Pedido
La abogada Aida Camacho informó que cada semana solicita que se realicen investigaciones en el caso Chaparina. Empero, según la jurista del MSM, el Ministerio Público no hace caso a su pedido.
