El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, informó que el Plan de Acción de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación es aceptado por al menos diez ministerios de los 20 del gabinete. La autoridad mencionó que el documento fue devuelto al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación con algunas observaciones.
Cárdenas cree que las cuestionantes son más de forma que de fondo, “por ejemplo, que no hay dinero; algunos otros decían en su candidez que no era necesario un plan de acción porque de hecho los ministerios están trabajando en esos temas”.
Así, el viceministro considera que el plan de acción es rechazado sin mucho sustento. La Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación establece como funciones del Comité Nacional la elaboración de un plan de acción que debe aplicarse en las instituciones públicas.
Por esta razón, Cárdenas afirmó que el retraso interno en cada administración obstaculiza el avance del futuro plan, que debe aprobarse por decreto supremo. “La excesiva burocracia de los ministerios no permite avanzar; la tranca contra el proceso está dentro de los mismos ministerios”, fustigó la autoridad.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) informó a La Razón que una vez revisado el plan de acción, éste fue devuelto a los proyectistas (el Viceministerio de Descolonización) en marzo. Al respecto, Cárdenas informó: “Lo volveremos a presentar, yo estimo que en una semana deberíamos tener todo esto y volveremos a hacer seguimiento”.
Para el viceministro, el tema no pasa por agregar presupuesto, sino de orientar el trabajo a la lucha contra el racismo y discriminación. “Aceptan (los ministerios) las líneas centrales, pero lo que no entienden es cómo podrán adecuarlo a sus planes operativos anuales”, aseguró la autoridad.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo indicó que en diciembre del año pasado recibieron el proyecto y se devolvió con las observaciones pertinentes. Cárdenas dijo que es necesario aprobar el plan de acción para evitar observaciones de organismos internacionales, que evalúan y piden informes a todos los Estados sobre el avance en los derechos de los pueblos indígenas.
