La Fiscalía de la Unidad Anticorrupción intervino el Juzgado 8° de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, cuya titular es la jueza Valeria Salas, y secuestró la documentación y las computadoras, en el marco de la investigación de un supuesto favorecimiento a la liberación de supuestos mercenarios del Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil.
En medio del operativo surgió el informe extraoficial de que el Ministerio Público abrió un proceso penal en contra de la jueza Salas por el delito de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley, esta denuncia habría sido presentada por la Fiscalía antidroga. Hasta ayer esa determinación no fue corroborada por los fiscales Olvis Egüez y Mabel Andrade, quienes participaron del allanamiento al citado juzgado.
El fiscal Egüez se limitó a señalar que el Ministerio Público revisa los cuadernos procesales y algunos casos que lleva adelante la jueza. Se conoció que en junio Salas dispuso la libertad del brasileño Wilson Silva Barbosa y, posteriormente, la salida del colombiano Mario Martínez Rodríguez, sindicados de formar parte de una red de traficantes de cocaína y posesión de armas de fuego.
La jueza involucrada evitó el contacto con los medios de comunicación y se conoció que, a través de un memorial, la autoridad jurisdiccional habría solicitado a la Fiscalía una audiencia para declarar y esclarecer el caso.
