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El Gobierno y sectores critican la labor judicial en el país

Evaluación. El Mandatario interino, la ministra Ayllón y delegados de campesinos y jueces no ven avances

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Por Yuvert Donoso
Sucre / julio 24, 2013
en Nacional

En la primera Cumbre Judicial, el Órgano Ejecutivo, los campesinos y jueces cuestionaron la administración de las leyes en Bolivia porque, dijeron, los cambios aún no son visibles. En La Paz, el presidente en ejercicio, Álvaro García, aseguró que para cambiar la Justicia no se necesita dinero, sino voluntad.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, que representa al Ejecutivo en la Cumbre Judicial, afirmó que se tiene “un diagnóstico deplorable de la Justicia en Bolivia”. Aclaró que no es sólo de ahora, sino que se repite de varios años. Identificó como los males a las leyes que no condicen con la realidad, a la retardación de justicia y a la corrupción. Afirmó que esa situación sirvió para que se diseñe la nueva Justicia que todavía no tiene cambios visibles.

Agregó que, con base en ese diagnóstico, su despacho elaboró un plan de seis pilares para una salida a la crisis judicial: la capacitación de recursos humanos; la normativa jurídica; desconcentración de la Justicia; la aplicación de la informática; un presupuesto adecuado y el fortalecimiento de la justicia originaria campesina.

En la sede de gobierno, García afirmó que para cambiar la Justicia en el país no se requiere sólo de dinero, sino de voluntad por parte de las autoridades destinadas a administrar este órgano del Estado Plurinacional. El Mandatario criticó la retardación de justicia que hay y dijo que esa realidad se ve plasmada en la cantidad de internos con detención preventiva que existen en las cárceles.

“Creo que el 80% o el 85% de los presos no tienen sentencia, esas son barbaridades que no pueden continuar, esos cambios se pueden hacer y no se requiere más dinero para ello, se requiere simplemente voluntad política. Jueces corruptos, jueces que venden sentencias, eso no requiere dinero administrativo, requiere voluntad y decisión profesional”, manifestó en una conferencia de prensa.

El máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Damián Condori, sostuvo que la Justicia no avanzó. “Hasta ahora la Justicia no ha mejorado, por más que hemos elegido por voto popular a los magistrados. Como dirigente creo que no ha mejorado, está igual (que antes)”, indicó.

Al evaluar a la Justicia en el país, el presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia, César Suárez, aseguró que “la Justicia en el país es pésima y se ha elaborado sólo para élites, (porque) no hay acceso para pobres, dura años y se ha elaborado la ley penal para que gente pobre vaya a la cárcel”.

Suárez señaló que la mayor responsabilidad recae en el Órgano Legislativo, instancia que debe cambiar las reglas del juego y debe proyectar las directrices establecidas en la Constitución Política del Estado para mejorar la administración de la Justicia.

La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, indicó que el objetivo es llegar a 2025 con una Justicia confiable y que la población recupere la confianza en los abogados, en el Órgano Judicial y también en el Ministerio Público.

Con la presencia de más de 400 delegados de organizaciones sociales, colegios de profesionales, representantes de los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Defensoría del Pueblo se desarrolla la Cumbre Judicial. Los participantes debaten cuatro ejes temáticos y su trabajo se subdividió en siete mesas de trabajo. Hoy se conocerán sus conclusiones que, según autoridades del sector, marcarán el rumbo de la nueva Justicia en Bolivia.

Piden más presupuesto

Amabol

La Universidad de Siglo XX de Potosí recibe el mismo presupuesto que todo el Órgano Judicial de Bolivia, según el presidente de la Asociación de Magistrados, César Suárez. Indicó que el dinero llega al 0,15% del Presupuesto General de la Nación para ambas instituciones. Pidió que se suba al menos al 2%.

Flores exige reconocer  a la Justicia Indígena

ANF

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rudy Flores, reclamó ayer un “reconocimiento pleno” de la Justicia Indígena, aunque sugirió que en ese propósito debe realizarse un trabajo conjunto de “coordinación” entre autoridades del Órgano Judicial y originarias para avanzar en el deslinde jurisdiccional.

Flores hizo esas sugerencias durante su intervención en la primera Cumbre Judicial, que fue inaugurada este martes en presencia de autoridades de los tres órganos del Estado. “El reconocimiento pleno de esta Justicia en el nuevo sistema irá a consolidar el Estado, que identifica a todos los sectores de la sociedad en la nueva Constitución”, sostuvo Flores, quien admitió que esa etapa es un “desafío doble” para los jueces ordinarios.

“A veces nos da miedo reconocer que esa Justicia puede resolver conflictos y competencias. Tenemos una ley de deslinde jurisdiccional y un marco internacional, no podemos esperar cinco o diez años para que esto pueda empezar a caminar”, remarcó.

Sin embargo, advirtió las dificultades del proceso cuando hizo referencia a la “diversidad de procedimientos” que se encuentran en cada una de las 36 nacionalidades reconocidas por la nueva Constitución Política del Estado.

Recordó que el TCP resolvió causas que tienen que ver con la justicia originaria campesina, al reconocer su plena vigencia mediante un estudio de su aplicación en la vida jurídica del país. “No pretendemos que la justicia (originaria) demande más códigos, la Justicia consuetudinaria se caracteriza por ser más dinámica”, añadió Flores.

Hurtado: Aún no rige nuevo sistema de justicia

La Justicia en Bolivia está en la fase de implementación y organización que, en criterio del presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Hurtado, es transitoria y después se ingresará a la ejecución plena del nuevo sistema judicial en el país.

Hurtado, durante la inauguración de la primera Cumbre Judicial, dijo que la primera fase, a la que denominó el diseño normativo institucional del Órgano Judicial, contempla dos hechos, la justicia plurinacional y la vigencia de la Ley 025, que norma al nuevo Órgano Judicial. Agregó que actualmente se transita en una segunda etapa del proceso de transformación que incluye la citada organización e implementación de la nueva institucionalidad judicial.

Resultado de este trabajo se da la organización estructural y funcional de las instituciones judiciales configuradas al mando del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Posteriormente, se iniciará la tercera etapa que es la “ejecución plena del nuevo sistema judicial boliviano”. Indicó que de la cumbre debe surgir la agenda judicial de los próximos años, con base en la inclusión participativa de todos los sectores de la ciudadanía.

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