La Cumbre Nacional de Justicia demandó un aumento al presupuesto del Órgano Judicial del 0,15% al 3% del Presupuesto General del Estado (PGE), lo que significa incrementar 19 veces los fondos que recibe, según una de las conclusiones del encuentro que acabó anoche en Sucre.
La Ley del Presupuesto General del Estado consolidado para la gestión 2013 alcanza la cifra de 172.000 millones de bolivianos y el 3% que sugiere la cumbre llegaría a los 5.160 millones de bolivianos.
Los representantes de organizaciones sociales, colegios de profesionales y autoridades judiciales que participaron en la Mesa 3 de Gestión de la Justicia Plural (una de las siete habilitadas) consideraron que el presupuesto de la Justicia es ínfimo y que se requieren más recursos para mejorar la administración judicial en Bolivia.
Demanda. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, sostuvo que para atender la creciente demanda de la población es necesario obtener un mayor presupuesto y, de esa manera, encarar un proceso de socialización de los derechos y obligaciones de la población.
Horas antes del inicio de la citada cumbre judicial, el martes, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, advirtió que para cambiar la Justicia no se requiere únicamente de dinero, sino de voluntad y decisión profesional por parte de las autoridades destinadas a administrarla.
Entre otras conclusiones del encuentro —que se constituye en el primero—, Hurtado destacó el cambio del sistema judicial, es decir una nueva sistematización normativa con nuevos códigos adjetivos y sustantivos. “Este nuevo sistema es diferente, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado, es un sistema que no permite que el hacinamiento llegue al 80%; es un sistema accesible, participativo y transparente”, agregó.
Al referirse a la problemática de la administración de justicia, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, señaló que mejorar la Justicia pasa por una corresponsabilidad. Explicó que el compromiso llega a los órganos Judicial y Legislativo, que está creando nuevas normas; al Ejecutivo, que debe mejorar el presupuesto para el sector, y a la sociedad civil, que también debe ejercer un mayor control social en este campo.
La Ley 025 del Órgano Judicial establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene plazo hasta este fin de año para aprobar y sancionar los nuevos códigos en Bolivia. Sin embargo, las conclusiones a las que arribó la cumbre judicial fueron cuestionadas por la diputada Rebeca Delgado. La asambleísta calificó de “blef” (algo engañoso) las determinaciones porque dijo que no se ha cumplido con los cambios en la Justicia.
El encuentro también determinó gestionar un anteproyecto de ley para la incorporación de recursos económicos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con la finalidad de lograr la independencia económica y la sostenibilidad del Órgano Judicial.
La cumbre judicial
Sucre
La primera Cumbre Nacional de Justicia se desarrolló durante dos días, a partir del martes. Allí participaron más de 400 delegados que analizaron cuatro ejes temáticos repartidos en siete mesas de trabajo.
