La adecuación del Estatuto Autonómico cruceño a la Constitución reaviva la tensión política en el departamento. Mientras crecen los cuestionamientos al proceso, la Comisión Especial Estatutaria confirmó que la socialización del documento continuará; pidió garantías a la Policía.
Desde hace una semana, la Comisión Especial Estatutaria de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz empezó el trabajo de socialización y recojo de propuestas para la adecuación del Estatuto cruceño (aprobado por referendo en 2008) a la actual Carta Magna. El plan es tener audiencias públicas en las 15 provincias cruceñas.
El miércoles, en la acto de socialización en Portachuelo, hubo una pelea entre quienes avalan la actual forma de socialización del documento y quienes la cuestionan, por lo general simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Carlos Pablo Klinsky, miembro de la Comisión Redactora de los Estatutos Autonómicos en 2008, cuestionó el proceso de adecuación que hoy lleva adelante la ALD, pues —dice— lo mismo ya fue hecho anteriormente.
Porcentaje. La titular de la Comisión Estatutaria, Rose Marie Sandóval, afirmó que de los 169 artículos del documento, el 73% está enmarcado en la Constitución y sólo el 27% debe ser adecuado. Klinsky, en cambio, afirmó que la Asamblea cruceña tomó el camino equivocado y esto genera protestas en los municipios en los que se instalan audiencias para informar sobre el texto.
“Ellos han optado por la vía política y esto viene generando confrontación en las provincias, que rechazan la medida, cuando la responsabilidad de la adecuación es netamente de la Asamblea a través de dos tercios, para su posterior presentación al Tribunal Constitucional”, subrayó Klinsky.
El asambleísta del MAS, Edwin Muñoz, rechazó la manera en que se lleva la acción “informativa” de la Comisión Estatutaria. No tiene sentido, señaló, porque esta metodología ha sido rechazada por varias organizaciones.
Para Muñoz, no se entiende el objetivo de las audiencias públicas: “Algunos dicen que no es socialización, que es informativa y que el objetivo es recoger propuestas. Por último, aseguran que es para que la gente se apropie del documento aprobado en 2008”.
Desde la perspectiva de Klinsky, el Estatuto contiene 66 competencias departamentales; 10 ya pueden aplicarse de manera inmediata, mientras que otras 15 padecen de algunas restricciones; el resto debe ser adecuado a la Constitución por la Asamblea.
La asambleísta de Verdad y Democracia Social (Verdes), María Arias, adelantó que “continuarán las audiencias de información”. “Hasta el momento todo ha sido un éxito, a pasar del boicot que ha venido organizando el Gobierno central”, sostuvo. El siguiente punto es Montero y ya se pidió garantías a la Policía para evitar conflictos. Para Klinsky, se “está repitiendo mal algo que se hizo antes, para justificar el descuartizamiento del Estatuto”. “Se cae en el juego del MAS, como ocurrió en Portachuelo”, sentenció.
Desde los municipios
MAS
El Movimiento Al Socialismo propone que en lugar de las audiencias públicas en 15 provincias, se debe recoger los planteamientos en cada uno de los 56 municipios que conforman el departamento de Santa Cruz.
Costas dice que se trata de boicotear el proceso
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que los hechos suscitados en Portachuelo, donde resultó herida una mujer que cuestionó la audiencia, es un intento de boicot al proceso de adecuación del Estatuto Autonómico. El miércoles se registraron hechos de violencia en la capital de la provincia Sara de Santa Cruz durante la audiencia pública que llevó a cabo la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).
Ante la denuncia que realizó el Movimiento Al Socialismo (MAS), que no se está dejando participar a la ciudadanía en la adecuación del Estatuto, Costas respondió: “Nos están boicoteando para que no avancemos en las autonomías; porque si avanzamos más, vamos a tener más recursos y competencias, especialmente para la gente que más lo necesita”.
Por el contrario, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, condenó los hechos suscitados en Santa Cruz y criticó la actual socialización del texto. “Lamentamos que otra vez se utilice la violencia, la agresión y el matonaje. Esperamos que estos hechos no se reproduzcan en Warnes, donde abordarán nuevamente la adecuación de ese Estatuto”, sostuvo.
Ministra: Estatuto cruceño está retrasado
Dennis Luizaga
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, afirmó a este medio que no existe un avance en el trabajo de adecuación del Estatuto cruceño a la Constitución, tarea que debe realizar su Asamblea Legislativa. Además criticó el proceso de socialización que realiza la Comisión Especial Estatutaria en la adecuación del texto.
“En el caso de Santa Cruz, no han discutido un solo artículo para la adecuación, pese a que esta comisión está trabajando ocho meses. En ningún momento se han reunido para empezar el análisis serio, formal y real del Estatuto de 2008”, señaló la autoridad. La Asamblea Legislativa cruceña decidió conformar una comisión de nueve asambleístas para recoger propuestas en las provincias del departamento.
Se estableció un cronograma de visitas a las capitales de las 15 provincias de Santa Cruz. El trabajo comenzó el 15 de julio en Samaipata y se prevé que culmine el 4 de agosto en Camiri. Esta decisión fue criticada por la Ministra de Autonomías porque considera que se debería hacerlo en los 56 municipios del departamento.
Participativo. Peña percibe una actitud negativa en la comisión. “Yo no veo disponibilidad para escuchar otras opiniones y para considerar alguna asistencia técnica”, sostuvo. La autoridad cree que hay un temor en los asambleístas de la comisión. “Lo que yo veo es un miedo a que la gente participe, una incapacidad de manejar el proceso”.
La ministra además considera que ahora debería participar la población porque “más adelante no va a haber una consulta ciudadana en la que el pueblo apruebe o rechace el Estatuto”. La presidenta del Senado Gabriela Montaño, por su lado, afirmó que “los estatutos autonómicos deben ser adecuados a la CPE con la participación de todos los ciudadanos, y no solamente con las autoridades”. A la fecha, Pando y La Paz entregaron su Estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional.
