El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó la muerte del conscripto Carlos Churata Flores ocurrida en un recinto militar de Tarija el pasado viernes 26 y pidió nuevamente al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Edwin de la Fuente, una mayor apertura y decisión para resolver lo que «parecen ser algunas falencias en la seguridad y protección de las personas cuya vida y seguridad se encuentran bajo el cuidado de la institución castrense».
«Creemos que pueden haber procedimientos militares, especialmente en los entrenamientos y la aplicación de medidas disciplinarias, que pueden ser revisados y mejoradas por las Fuerzas Armadas para prevenir que estos casos se repitan; tanto el Comandante como el Defensor tenemos la obligación de realizar un análisis y de aplicar todos los mecanismos que privilegien la protección de la vida y la integridad de los soldados y de los cadetes» sostuvo la autoridad.
Explicó que el interés para reunirse con las autoridades castrenses tiene el objetivo de analizar qué medidas pueden tomarse en el ámbito de la prevención, la educación y la investigación de casos, para que las personas que viven o asisten a los recintos militares tengan la plena garantía que sus derechos humanos son respetados y ejercidos.
«Ya que en el Estado Plurinacional ninguna institución y ninguna persona puede negar o flexibilizar el goce y ejercicio de los derechos a la vida, la seguridad y la protección que tenemos todas las bolivianas y todos los bolivianos», asevera el representante.
Agrega tener «la confianza en que esta segunda llamada para reunirnos el miércoles 31 de julio a las cuatro de la tarde, será atendida y que nos podamos reunir entre las máximas autoridades o inicialmente entre equipos técnicos, para iniciar este espacio de coordinación y de trabajo conjunto que no es para indagar sobre las muertes -que ya se están investigando por las autoridad competentes – sino cómo podemos prevenir que sigan ocurriendo», indicó el Defensor y advirtió que su institución no cesará en este propósito porque, según dijo, se lo instruye su mandato constitucional y su responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
Lamentó que en muchos casos pareciera que las susceptibilidades y el formalismo, se anteponen a la consideración que la vida es «el más importante y el primero de los derechos humanos que debe cuidarse, respetarse y protegerse, y la pérdida de una vida en circunstancias violentas, no es sólo una estadística ni un caso desechable, es una vulneración de los derechos humanos que afecta a la víctima pero también a la familia, la comunidad y la sociedad y si pudiendo evitarlo no hacemos nada, entonces nos convertimos en cómplices y corresponsables», sentenció.
