El jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, instruyó a la Fiscalía de Santa Cruz iniciar una investigación penal contra los responsables de generar violencia durante la socialización del Estatuto Autonómico cruceño.
“Cuando ciertas acciones ingresan en el campo delictivo, entran en la tipificación de los delitos; lo que nos corresponde a nosotros es actuar. En ese marco, se ha instruido a la Fiscalía de Santa Cruz que actúe conforme a derecho”, expresó Guerrero.
En días recientes, al menos cuatro audiencias públicas sobre el Estatuto (en Portachuelo, Montero, Warnes y Cotoca) transcurrieron en medio de peleas entre quienes rechazan el documento y quienes lo respaldan. Guerrero estimó que la fiscal cruceña Marina Flores, en el transcurso de la semana, conformará una comisión de fiscales para indagar los hechos.
Ayer, en el municipio de Cotoca (20 kilómetros al este de Santa Cruz), se logró instalar la audiencia pública y se pudo recoger propuestas para realizar ajustes al documento aprobado en 2008. Un grupo de personas que se opone a estas audiencias, por considerarlas ilegales, llegó al escenario del encuentro para frenar su desarrollo, pero la misma ya había concluido. Hubo agresión a algunos participantes.
Tiempo. El asambleísta del MAS Edwin Muñoz cuestionó que la reunión haya sido corta y que no se diera tiempo a quienes deseaban participar. “Está todo planificado para hacer un show de 15 a 20 minutos y sacar conclusiones”, criticó.
“Nosotros nos trasladamos desde Porongo, La Guardia y El Torno para participar de la cita, y resulta que ya había terminado, esto es un insulto a la población por parte de la Gobernación”, afirmó el dirigente José Palma.
La asambleísta Ruth Lozada, miembro de la Comisión de Adecuación Estatutaria, reconoció lo corto del tiempo, pero fue para evitar un enfrentamiento, dijo. “Recibimos información de que venía gente a generar violencia y para precautelar a los legisladores se aceleró la reunión”. Los manifestantes reiteraron la amenaza de cercar la ciudad de Santa Cruz en caso de que continúen las audiencias por el Estatuto.
