La directora general de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez, informó hoy que esa instancia elabora una lista de al menos 100 administradores de justicia que favorecen a intereses de narcotraficantes.
«Estamos elaborando una lista de cerca de 100 administradores de justicia que en lugar de defender los intereses del Estado, defienden y benefician a gente procesada por narcotráfico con la devolución de sus bienes que están incautados en apego a la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas», declaró.
Jiménez aseveró que denunció ante el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado a varios jueces y fiscales que benefician a enjuiciados por narcotráfico, restituyendo los bienes confiscados a favor del Estado.
‘Tuve reuniones por separado con la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, y el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, para realizar una denuncia de corrupción contra vocales, jueces y fiscales antidroga que desnaturalizan la ley’, explicó a la ABI.
Precisó que en las dos reuniones se denunció a los administradores de justicia: Andrés Adhemar Rueda Esquivel, Julio Nelson Alba, Yanet Noemy Paniagua, Freddy Coronel Alacoma, Mirael Salguero Palma, Zenón Rodríguez y Victoriano Morón Cuéllar.
Entre esos casos, se refirió a Marco Marino Diotado (prófugo), líder de la mafia italiana que operaba hace más de 13 años en Bolivia, y citó a los jueces Paniagua, Coronel, Salguero y Rodríguez, que a pesar de que los bienes incautados eran ya de propiedad del Estado, emitieron la resolución 31/7/012 ordenando la devolución a favor de los familiares de Diodato.
Explicó que esa resolución permitió la devolución de un departamento en el condominio ‘Suto’ y una propiedad de 15.000 metros denominada ‘Matacusal’ a favor de Gina Banzer, esposa de Diodato y sobrina del desaparecido, Hugo Banzer Suárez.
En el caso ‘Nuevos Horizontes’, denunció que los jueces de Santa Cruz, Rueda Esquivel y Alba Flores, ordenaron la devolución de una propiedad del narcotraficante, Jorge Roca Suárez (Techo de Paja), ubicada frente al aeropuerto de Viru Viru.
Agregó que esos jueces se resisten a cumplir con una sentencia constitucional que instruye la custodia de Dircabi de esa propiedad que está valuada en 600.000.000 de dólares.
«Ambos jueces hacen todo para no cumplir con esa sentencia constitucional y Dircabi no permitirá que ese bien retorne de quienes fueron procesados por narcotráfico, en este caso del conocido narcotraficante Techo de Paja’, puntualizó.
