Los tres dirigentes del TIPNIS implicados en el caso Pradel pidieron asilo político en algunas embajadas radicadas en el país. Con este recurso, informó el dirigente indígena Rafael Quispe, se pretende evitar que sean detenidos por la Fiscalía.
“Ya hemos enviado las solicitudes; hasta que no haya una respuesta no vamos a decir el nombre de ninguna embajada”, informó Rafael Quispe, responsable de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
El dirigente indígena aseguró que la medida protegerá a los dirigentes de las órdenes de aprehensión que tienen en contra.
“Hasta el momento (los dirigentes) están en Trinidad protegidos por los pueblos y no van a salir; parece que el Gobierno quiere jugar al desgaste y esto se ve en la persecución política que hacen con ellos; por eso vamos a ver que los hermanos se asilen en alguna embajada”, afirmó el representante indígena.
Si alguna embajada acepta el asilo a los dirigentes, apunta Quispe, se afectará la imagen política de la administración del presidente Morales. “Si aceptan el asilo, puede ser un gran golpe al gobierno del MAS, la imagen internacional puede caer”.
En julio, la Fiscalía de Beni emitió órdenes de aprehensión contra Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas, acusados de haber golpeado al también dirigente Gumercindo Pradel en la comunidad San Pablo, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El miércoles 14 está prevista una nueva audiencia en el caso. “Tenemos entendido que la próxima audiencia va a ser el miércoles en la ciudad de Trinidad”, anunció Melva Hurtado, dirigente de un sector de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). Espera que en esta cita se avance sobre el caso.
Justicia. Sobre la audiencia, Quispe reiteró la posición de los dirigentes acusados de no acudir a dicha convocatoria, “no van a asistir a ninguna audiencia, ellos van a seguir ahí dentro del TIPNIS”.
El representante indígena sostiene que los dirigentes del TIPNIS estarán refugiados en Trinidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la jurisdicción correcta a la cual deban someterse.
“Pedimos el recurso de incompetencia, porque la justicia ordinaria es la que ha emitido el mandamiento de aprehensión; (cuando) creemos que es competencia de la justicia originaria, este tema lo resolverá el Tribunal Constitucional”, añadió.
Para definir la jurisdicción adecuada, la Ley 073, de Deslinde Jurisdiccional, determina los mecanismos de coordinación entre la justicia indígena originaria y la justicia ordinaria.
