Los misiles chinos “estaban perfectamente operativos” y cada uno le costó al Estado 30 mil dólares, por lo que no son correctas las versiones en sentido de que representaban un riesgo o que fueron donadas, afirmó el general Tomás Peña y Lillo, capacitado en China en tema de misiles y Jefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas en 2005, año en el que el material fue entregado a Estados Unidos.
La imputación fiscal a un exministro y nueve altos mandos de las Fuerzas Armadas reactivó el caso misiles. El entonces comandante de la institución armada, almirante Marco Antonio Justiniano, aseguró en una entrevista en Cadena A que un informe del Ejército recomendó y justificó la desactivación del material bélico.
Peña y Lillo explicó en una entrevista con la red Erbol que el proceso de entrega de los misiles a Estados Unidos fue manejado “en absoluto secreto” ya que “no se consultó (su estado) con ningún especialista en la materia”. No obstante, Justiniano mostró en la entrevista con cadena A un informe en el que el Ejército asegura que el material “no estaba en buen estado”.
“No se me comunicó ni se me pregunto nada, yo soy especialista en misiles, yo soy el único que hizo el curso en la China, de estos misiles, pero absolutamente nadie me dijo nada”, insistió respecto al caso que derivó en la imputación del exministro de Defensa Gonzalo Méndez; del almirante Justiniano, del excomandante del Ejército y actual senador, Marcelo Antezana; del exjefe de Estado Mayor, Marco Vázquez Ortiz; del exinspector General del Ejército, Víctor Hugo Cuellar; y de los coroneles David Torrico Vargas y Ciro Valdivia Murguía y del exayudante del Departamento Cuarto del Ejército, capitán Ernesto Caballero.
El material fue adquirido en 1994; seis misiles estaban en manos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y el restante lote en el Ejército. Peña y Lillo explicó que las cajas que contienen este armamento sólo puede abrirse para ser usados, por lo que cuando una misión estadounidense las abrió “los dañó, ya no servían”.
El general aseguró que los misiles tenían un costo de 30 mil dólares cada uno, es decir el lote de 36 costó 1.080.000 dólares, y que “eran perfectamente operativos”, además aseguró que en caso de material que no sirve o es peligroso se lo destruye “y no se la desactiva y se la entrega a otro país, ese es el procedimiento verdadero”.
El acuerdo para la desactivación establecía que el país del norte iba a destinar 400.000 dólares a la institución armada, que hasta el momento no se conoce si fue efectivizado.
El presidente Evo Morales presentó en 2005, en su condición de diputado, una demanda de juicio contra el entonces presidente Eduardo Rodríguez, el ministro de Defensa y otros jefes militares por la entrega a EEUU y desactivación de los misiles. Rodríguez, hoy embajador y agente en la demanda contra Chile por una salida soberana al Pacífico en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue exonerado en la Asamblea Legislativa del proceso.
Justiniano afirmó que el material bélico fue entregado “por una decisión netamente administrativa que, dijo, me transmitió el ministro de Defensa (de entonces)”. El general y exviceministro de Defensa Gonzalo Rocabado, quien figura como firmante del acuerdo con Estados Unidos para la entrega y desactivación de los misiles, afirmó también a Cadena A que la orden la dio Rodríguez, a través del ministro de Defensa.
Rodríguez respondió el miércoles que en su momento demostró que no tuvo participación en esa entrega. “Que los medios que cubren tales afirmaciones se tomen el tiempo para revisar las múltiples declaraciones que hice en su tiempo a medios como ante la Comisión de Justicia Plural para demostrar, de manera concluyente y documentada, lo contrario a dichas versiones”, afirmó.
El general Antezana afirmó en reiteradas ocasiones que no tenía conocimiento del trámite y que los misiles fueron entregados en su ausencia del mando, estuvo en Brasil.
