El juez Jesús Martínez determinó hoy rechazar la excepción de incompetencia que fue presentada por los dirigentes indígenas Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuny, por lo que la investigación por supuesta tentativa de homicidio contra el cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, continuará en la justicia ordinaria. El abogado de los tres dirigentes calificó el falló como un «craso error».
La excepción de incompetencia tenía como objetivo frenar el proceso penal en el ámbito ordinario, luego de que los dirigentes indígenas justificaron que los «chicotazos» propinados a Pradel, el 22 de junio pasado tras una reunión de corregidores en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la comunidad de San Pablo, corresponden a la justicia indígena originaria campesina.
La gente afín a Vargas y Chávez cuestionó al dirigente del Conisur por su apoyo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del TIPNIS planteada por el Gobierno. Según el juez Martínez, la Ley 73, de Deslinde Jurisdiccional, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina «se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente, situación que no se dio en este caso».
«Se resuelve rechazar la excepción de incompetencia siendo que no concurre en el presente caso los tres ámbitos conforme lo establece el artículo 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, encontrándose en el presente proceso en la etapa preliminar por parte del Ministerio Público, teniendo la facultad de tipificar los delitos provisionalmente, ya que el presente caso no se encuentra con imputación para que el suscrito haya valorado los elementos de acuerdo al artículo 2», dictaminó el juez, según un reporte de Gigavisión.
El abogado de los indígenas, Guido Melgar, señaló que apelará ese fallo, al que calificó como un «craso error». «Nosotros, en este caso los líderes indígenas, vamos a plantear el recurso de apelación porque creemos que el juez ha temido ingresar a ver si los azotes dados al señor Gumercindo Pradel son o no producto de la justicia comunitaria», mencionó.
La defensa de Pradel saludó la decisión del juez e indicó que este caso debe ser ventilado en la justicia ordinaria, toda vez que los azotes no pueden ser considerados como una pena de la justicia comunitaria.
Actualmente Vargas, Chávez y Nuny se encuentran con mandamiento de apremio por su inasistencia al Ministerio Püblico para declarar sobre los hechos del 22 de junio. Los tres dirigentes permanecen en la ciudad de Trinidad, donde los cívicos de esa región determinaron cerrar filas en defensa de los tres representantes indígenas que comandaron la octava y novena marcha indígena en defensa del TIPNIS en 2011 y 2012.
