La retardación de justicia también alcanza a los procesos por corrupción que encara el Ministerio de Transparencia, pues a la fecha, de 400 casos denunciados por esa cartera, sólo 80 (20%) tienen sentencia. La ministra del sector, Nardi Suxo, expresó su preocupación por esa situación y aseguró que no se puede seguir tolerando esa retardación procesal.
Puso como ejemplo que en 332 denuncias que presentó su despacho, la imputación debía estar lista en 90 días, pero no sucedió transcurridos un promedio de 465 días. Hay casos en los que la demora es de 1.095 días. Eso sucede con el 82% de los procesos iniciados por Transparencia, explicó.
Otro ejemplo que alarma a la ministra es que desde la formulación de la acusación hasta la radicatoria del caso en un Tribunal, el plazo que debería ser de 30 días se extiende a un promedio de 547 días y hay incluso casos en los que llega a un máximo de 1.310 días.
A ello se suma que desde la radicatoria del proceso hasta el inicio del juicio debería demorar como máximo 45 días, pero se tiene en promedio de demora de 440 días, que incluso llega a un máximo de 1.017 días.
A veces, según la ministra, se termina cambiando a los fiscales y en ese trajín se pierde información de importancia. “El ciudadano está totalmente indefenso, como indefensos estamos los representantes del Estado”, afirmó.
