El Fiscal General en suplencia legal, Roberto Ramírez, informó este lunes que la comisión de fiscales que investiga los hechos en el penal de Palmasola, de Santa Cruz, logró identificar los primeros seis cuerpos, de los 31 fallecidos, en su mayoría por asfixia, los mismos que ya fueron entregados a sus familias.
«Se ha identificado a seis fallecidos, de los cuales cinco han sido entregados a sus familiares para que les puedan dar el sepelio correspondiente, y se continuará trabajando con el resto de los cuerpos para poder identificarlos, después de realizados los protocolos de autopsia» informó, Ramírez durante una conferencia de prensa.
Según Ramírez, los seis cuerpos ya identificados corresponden a: Eduardo Suárez Salvatierra, de 28 años; Luis Alberto Ruinovar, de 21 años; Juan Daniel Guardia Zabala, (30); Luis Albero Torres (33); Leonardo Vásquez (2); y Franz Reynaldo Jiménez Rocha (24).
El Fiscal General informó, asimismo, que de las 31 personas fallecidas en el motín del penal murieron por asfixia química provocada por el incendio en los pabellones de ese recinto.
Ramírez dio a conocer detalles preliminares de la investigación que está a cargo de una comisión de fiscales y forenses del Ministerio Público, los cuales fueron destacados a Santa Cruz al conocerse esos incidentes.
Ramírez dijo que a otros dos fallecidos mostraban Traumatismo Craneal grave, mientras que otra de las víctimas falleció a causa de heridas en su cuerpo, aunque también en se encontraron signos de asfixia química este último.
Agregó que la comisión del Ministerio Público hizo, además, una valoración médica de medio centenar de heridos, además de proceder con la «colecta» de pruebas y evidencias de esos graves incidentes.
Según Ramírez la Unidad de Víctimas y Testigos, del Ministerio Público está realizando un trabajo de «contención», brindando ayuda psicológica a los familiares de las víctimas del motín.
Por otra parte, el Consejo de la Magistratura informó que este lunes emitió una instructiva destinada a agilizar los procesos en los diferentes tribunales del país, principalmente aquellos que tienen que ver con medidas cautelares impuestas a personas que enfrentan procesos en la vía penal.
Esta exigencia emanada del órgano disciplinario de la judicatura nacional está dirigida principalmente a los jueces cautelares, quienes «deben resolver las causas dentro de los plazos establecidos».
