El gobierno de Bolivia analizaba este martes de qué manera abordará la huida a Brasil del senador opositor Róger Pinto, al que considera un prófugo de la justicia, y la opción de iniciar una solicitud de extradición, dijeron fuentes del Ejecutivo.
La Fiscalía boliviana se encontraba «analizando lo referido a la normativa internacional y nacional a efectos de ver cuáles son las opciones que tiene el Ministerio Público», declaró a periodistas el fiscal general interino, Roberto Ramírez.
Pinto puede ser requerido por la justicia boliviana donde afronta una declaración de rebeldía por inasistencia a actuaciones judiciales pasadas y una condena a un año de cárcel por un caso de corrupción, en instancia de apelación, además de dos órdenes de detención, detalló Ramírez.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo que «vamos a buscar como gobierno que Róger Pinto regrese al país y responda ante la justicia boliviana por los delitos que ha cometido».
Y agregó que el Ejecutivo que conduce Evo Morales tiene «los ánimos y la decisión» de que la huida del senador no quede impune y se esclarezca.
De acuerdo con la normativa, la justicia boliviana debe pedir a su par brasileña, a través de la cancillería, la extradición de Pinto.
La presidenta del Senado boliviano, Betty Tejada, anunció que ese cuerpo legislativo «solicitará a la Fiscalia General que proceda al trámite de extradición».
En una apreciación preliminar, el decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, declaró desde su sede en Sucre que «se podría pedir la extradición por tener (Pinto) procesos o sentencia en Bolivia».
Para el gobierno boliviano el senador opositor es actualmente un prófugo de la justicia. En ese sentido la ministra de Justicia, Cecilia Ayllon, mencionó que Brasil «ha vulnerado la normativa internacional al haberle concedido asilo político, tomando en cuenta que es un perseguido de la justicia y ahora es un prófugo de la justicia boliviana». Y recordó que sobre Pinto «pesan cuatro arraigos y una sentencia ejecutoriada por delitos comunes».
Relación resentida
El excanciller Javier Murillo de la Rocha, explicó a periodistas que un pedido de extradición debe realizarse por los «canales correspondientes» para no entorpecer las relaciones con Brasil, resentidas, según la oposición, por la escasa efectividad boliviana en controlar su frontera, foco de intenso trasiego de droga.
«Hay que encapsular, por decirlo de alguna manera, el tema de Roger Pinto para que ya no sea un asunto de perturbación en las relaciones bilaterales que tienen dimensiones mucho más grandes», planteó Murillo.
La cumbre de UNASUR en Surinam, a partir del viernes, podría ser el ambiente propicio para que los presidentes Evo Morales y Dilma Rousseff allanen el camino al pedido de extradición, comentó extraoficialmente a la AFP una fuente cercana al gobierno.
Pinto, que escapó a Brasil tras permanecer 454 días asilado en la embajada de ese país en La Paz, se considera un «perseguido político» del gobierno de Evo Morales, luego de que denunciara vínculos de autoridades con el narcotráfico.
Rousseff lamentó «profundamente» en Brasilia que «un asilado haya sido sometido a esa inseguridad» de ser sacado subrepticiamente de la embajada en La Paz.
«Brasil jamás podría aceptar, sin salvoconducto del gobierno boliviano, poner en riesgo la vida de una persona que estaba bajo su resguardo», dijo la mandataria brasileña.
En cambio, su par boliviano volvió a ignorar el tema este martes, por tercer día consecutivo, a pesar de sus varias comparecencias en actos públicos.
