Un brasileño y un peruano se encuentran entre los 32 fallecidos la semana pasada en una cárcel del este de Bolivia durante una pelea entre reos que provocó un incendio, informaron fuentes oficiales citadas hoy por la prensa local.
Los fallecidos son el peruano Cristian Daza Céspedes, de 17 años, y el brasileño Luis Carlos Silva de Almeida, de 25, según la lista difundida por la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario y que publica este martes la prensa.
En la reyerta también perdió la vida un menor de dos años, según el mismo listado. Los incidentes tuvieron lugar el pasado viernes, cuando dos garrafas de gas explotaron en el transcurso de un enfrentamiento entre reos en el penal de Palmasola, situado en el departamento de Santa Cruz y considerado el centro penitenciario más conflictivo de Bolivia.
La pelea se inició en el área de máxima seguridad de Chonchocorito, al parecer por pugnas de poder entre los reclusos de dos bloques.
De los 32 fallecidos en Palmasola, sólo dos tenían una sentencia firme -ambos por asesinato-, mientras que el resto se encontraba en detención preventiva a la espera de juicio o sentencia.
Más de la mitad de la víctimas mortales tenía entre 17 y 30 años, de acuerdo con la lista oficial. Tras lo sucedido, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario ordenó nuevas medidas de seguridad en el área de Chonchocorito, entre ellas el aislamiento de los reos de uno de sus bloques y la restricción de visitas.
Las cárceles bolivianas presentan serios problemas de conflictividad y hacinamiento debido, entre otros factores, a que el 83 % de los más de 13.800 reclusos está en prisión preventiva sin sentencia y sus casos sufren el crónico retraso en la administración de justicia del país.
El Gobierno boliviano dictó a finales de 2012 un indulto masivo para tratar de aliviar esta situación, una medida que ahora estudian ampliar para hacer frente a los problemas que se registran en los penales.
Además, en los últimos meses tuvo lugar una polémica por la masiva presencia de niños en las cárceles de Bolivia, en las que han llegado a contabilizarse hasta 2.100 menores viviendo con sus padres, una situación única en el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A ello se sumaron varias denuncias sobre los presuntos abusos sufridos por niños dentro de las instalaciones carcelarias. Las autoridades comenzaron en junio pasado a evacuar a parte de los pequeños que vivían en las cárceles tras llegar a un acuerdo con los progenitores, aunque los bebés y niños de menor edad siguen viviendo en los penales.
