El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, Ricardo Ferraço, quien colaboró en la salida del legislador opositor boliviano Roger Pinto hacia Brasil, afirmó hoy que Bolivia vive una «dictadura disfrazada».
Según dijo Ferraço a corresponsales extranjeros, el presidente boliviano, Evo Morales, es el «mayor responsable» por la forma en que ocurrió la salida de Pinto de la embajada brasileña en La Paz, en la que estaba acogido desde el 28 de mayo de 2012.
No obstante, también aseguró que parte de la «responsabilidad» es del Gobierno brasileño, que fue «indiferente» frente al caso.
Pese a la concesión de un asilo diplomático en junio de 2012, Pinto no podía viajar a Brasil por falta de un salvoconducto del Gobierno de Bolivia, que se negaba a concederlo porque el senador responde a varios procesos por corrupción y ya tiene una condena a un año de prisión.
Ferraço dijo que el Gobierno de Bolivia «tiene a la justicia en sus manos» y que el país vive «una dictadura disfrazada».
Al no otorgarle el salvoconducto, «Morales no respetó el asilo concedido» a Pinto por Brasil, que a su vez fue «indolente» al dejar que el «asilo se transformase en una prisión», afirmó Ferraço, quien el pasado sábado se trasladó a la ciudad fronteriza de Corumbá para recibir al senador boliviano.
Ferraço respaldó la tesis de que el encargado de negocios de Brasil en La Paz, Eduardo Saboia, fue quien decidió llevar a Pinto hacia Brasil y dijo que fue avisado por ese funcionario el sábado pasado, cuando el senador ya estaba camino a Corumbá.
El legislador boliviano llegó a esa ciudad fronteriza en un coche oficial de la embajada, escoltado por soldados brasileños, que, según Ferraço, fueron quienes le «entregaron» a Pinto.
Ferraço admitió que no informó ni a la cancillería ni al Gobierno brasileño de esa «operación», pero dijo que lo hizo porque tanto uno como otro habían sido «omisos» en el caso del senador Pinto.
Según Ferraço, el Gobierno de Rousseff «se curvó» frente al de Morales por intereses «ideológicos», y no presionó en favor del salvoconducto para un senador boliviano que había acogido en la embajada como «perseguido político».
Pese a sus críticas, Ferraço pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal de la coalición que apoya a Rousseff, pero explicó que su mayor responsabilidad es con sus «electores» y no con el Gobierno.
Según Ferraço, tanto él como el encargado de negocios en La Paz tuvieron una «actitud de solidaridad humana» con una persona que estaba «presa» en la embajada, había caído en «depresión» después de más de un año recluido y «empezaba a hablar de suicidarse».
Aseguró que, en la embajada, Pinto no tenía derecho a visitas, estaba incomunicado y ni siquiera «veía el sol», aunque admitió que esas condiciones fueron establecidas por Brasil, algo que, según él, ocurrió en «complicidad» con el Gobierno de Bolivia.
«El Gobierno brasileño impuso esas restricciones y contribuyó a que el asilo sea una cárcel», dijo el parlamentario.
Según Ferraço, la «indiferencia» de Brasil y la «intransigencia» del Gobierno boliviano llevaron a que se buscase una «solución heterodoxa» para el caso del senador Pinto.
Sobre la renuncia del ahora excanciller Antonio Patriota debido al conflicto que este caso causó con Bolivia, Ferraço declaró que sería «una cobardía culparle» de este incidente.
«Patriota actuó orientado por su Gobierno, pero le faltó vibración e indignación» frente a la situación de Pinto, aseguró.
El Gobierno boliviano ha pedido que Brasil «devuelva» al senador y hoy se anunció en La Paz que la Fiscalía General ha solicitado a la Interpol su «captura» y «entrega».
Pinto, por su parte, ha presentado un pedido de refugio a las autoridades de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), un organismo que depende del Ministerio de Justicia de Brasil.
En ese sentido, Ferraço dijo que ha recibido «informaciones» no confirmadas de que el refugio «sería concedido» y que Pinto fijaría residencia en el estado de Acre, fronterizo con Bolivia.
