La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) urgió hoy a Bolivia a aplicar reformas en sus cárceles que garanticen la vida de los reclusos, tras la muerte de 33 reos en una reyerta en el penal principal de la ciudad de Santa Cruz (este).
La oficina de la OACNUDH en La Paz expresó esa petición y su «profunda preocupación» en un comunicado en el que insta a las autoridades a investigar esos hechos violentos para sancionar a los culpables, incluyendo la eventual responsabilidad por acción u omisión de funcionarios estatales y policías.
La institución «urge a las autoridades competentes adoptar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad y para prevenir ulteriores violaciones de sus derechos humanos», según el documento.
Las medidas deben contemplar el ejercicio pleno de la autoridad del Estado en las cárceles, la reducción de las personas en detención preventiva y su separación de los internos con condena.
«Es además fundamental que se proceda en forma inmediata con la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, que todavía viven en las cárceles con sus progenitores, a través de su reubicación en otros lugares aptos para garantizarles todos sus derechos», agrega la oficina de Naciones Unidas.
La institución pide que se genere una amplia reflexión en Bolivia sobre cómo enfrentar el problema, sugiere la formación de una comisión legislativa y ofrece su asesoramiento técnico.
La reyerta en el penal de Palmasola de Santa Cruz ocurrida el pasado 23 de agosto por el control del penal dejó 33 muertos, entre ellos un cubano, un brasileño y un peruano, además de medio centenar de heridos en su mayoría por quemaduras.
Uno de los fallecidos es un niño de 18 meses que vivía con su padre en el penal, una práctica común en Bolivia.
La OACNUDH afirma que las condiciones de las cárceles bolivianas son precarias y no cumplen con estándares enunciados en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre el Tratamiento de los Reclusos.
Se registran niveles «de hacinamiento muy altos» porque hay 14.000 detenidos para 5.000 plazas y «más del 80 % de las personas privadas de libertad no ha recibido una condena en firme», agrega.
«Esta situación es el resultado de carencias estructurales de larga data, tales como la sistemática retardación de la justicia y la corrupción que afecta los sistemas penitenciario y judicial».
En su último informe anual la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, observó que el control de organización interna en los penales bolivianos se confía a los reclusos.
Esa situación «conlleva a la práctica sistemática de extorsionar a las personas que ingresan en las cárceles, generando frecuentes abusos con la tolerancia de algunas autoridades policiales», indica el comunicado.
La OACNUDH reconoce que en los últimos tres años el Gobierno ha hecho esfuerzos para solucionar los problemas, pero considera que el impacto de las medidas ha sido limitado por lo que pidió un redoble del trabajo en esta área.
