La fiscal y directora funcional de las investigaciones del caso Chaparina, Patricia Santos, informó que la Cabo de Policía, Angélica Cáceres, reconoció haber acatado órdenes superiores para escuchar y ver el desarrollo de la movilización de la octava marcha indígena en defensa del TIPNIS en 2011. La oficial fue denunciada por haber permanecido como infiltrada en la protesta e incitado a los indígenas a retener al canciller David Choquehuanca el 24 de septiembre de ese año.
Cáceres, sin embargo, negó que haya estado en calidad de infiltrada. Santos recordó que la cabo está en calidad de investigada por lo tanto el Ministerio Público está llevando adelante las investigaciones como corresponde.
«Ella lo que ha referido en su declaración en lo principal es que ha ido a cumplir una orden y que en realidad simplemente se ha limitado hacer, porque era un escenario abierto en el que todos podían estar presentes. Se ha limitado a escuchar y ver lo que sucedía a objeto de realizar el seguimiento correspondiente, pero ella niega ser infiltrada», señaló Santos.
Asimismo, se refirió al cuestionario presentado por el ex dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, para el presidente del Estado, Evo Morales, manifestando que se analizará la misma, toda vez que se requiere otro tratamiento por ser un dignatario además de que en otrora ya respondió similares consultas.
La Cabo de Policía fue denunciada por activistas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), como infiltrada octava marcha indígena con el objetivo de secuestrar el 24 de septiembre de 2011 en la región de Chaparina, Beni, al canciller Choquehuanca, quien asistió ese día a una convocatoria al diálogo para resolver el conflicto generado por la determinación del Ejecutivo de construir una carretera por el medio del parque nacional.
Con relación de incluir nuevamente en el proceso al exministro de Gobierno y actual embajador ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, la fiscal Santos sostuvo que ese tema está en manos de la Fiscalía Departamental de La Paz.
«Lo que disponga la Fiscalía Departamental entonces la comisión de fiscales de materia no está en este momento en la disposición legal de poder resolver eso sino es la instancia superior», dijo.
Un día después de la detención del Canciller, efectivos policiales intervinieron la marcha indígena compuesta por al menos 1.000 personas, entre niños, jóvenes y adultos.
