El Gobierno llevará la documentación de los procesos que se sigue contra el senador Róger Pinto (CN) ante al Poder Judicial, Ministerio Público (Fiscalía) y el Comité Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil. Según la decisión que asuman estas instancias, Bolivia activará la extradición.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, explicó que de los 13 procesos que Pinto tiene pendientes en Bolivia, la mayoría corresponde a presuntos hechos de corrupción cuando éste fungía como prefecto de Pando.
“Ahora se van a presentar todos los antecedentes a esas instancias, además del Conare, porque antes ya se presentó la documentación al Gobierno de Brasil”, manifestó la autoridad.
Dávila explicó que una vez que dichos papeles lleguen a su destino, se esperará la evaluación que haga la Justicia brasileña y el Conare, en el entendido de que Pinto tramita su refugio.
Según la ministra, este proceso puede durar hasta tres meses y si al final se le niega el beneficio, corresponde la expulsión inmediata del senador. “Caso contrario, se ingresa a una segunda etapa, que es el pedido de extradición, que se da entre los ministerios públicos de ambos países, mediante las cortes supremas”, dijo.
Comisión. El fin de semana, el presidente Evo Morales anunció el viaje de una comisión de los ministerios de Gobierno, Transparencia y Justicia al Brasil para presentar a las autoridades de ese país el detalle de los procesos contra Pinto; al equipo se sumó la Fiscalía General. Aún no se definió la fecha del viaje.
Sin tener el salvoconducto, el político fugó del país tras 455 días de estar asilado en la Embajada de Brasil en La Paz, con ayuda del encargado de Negocios, Eduardo Saboia; este hecho generó una crisis en el Gobierno de ese país: Saboia y el embajador, Marcel Biato, fueron destituidos y el canciller, Antonio Patriota, renunció.
En reunión a finales de la semana pasada, los presidentes de Brasil y de Bolivia, Dilma Rousseff y Evo Morales, respectivamente, dieron por cerrado el asunto y acordaron que la situación del senador fugitivo se resolverá en las instancias correspondientes.
Por su parte, el fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, explicó que aún están vigentes los procesos judiciales en este departamento y que los fiscales asignados a esos casos pueden definir si declaran en rebeldía a Pinto.
Hace una semana, la Fiscalía General de Bolivia anunció que se analizaba el pedido de extradición; no obstante, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, reiteró que aún no se hará esta solicitud. “La extradición no se va a pedir porque si no le dan el refugio a Pinto, lo que tendría que hacer Brasil es expulsarlo y ponerlo en la frontera”.
Al respecto, el abogado del político, Fernando Tiburcio, aplaudió la medida y señaló que “ahí se verán los errores cometidos en esos procesos y se verá cuánto la Justicia boliviana aún es controlada por el Estado”.
Por su parte, el diputado Luis Felipe Dorado (CN) declaró que el Gobierno tiene “doble moral ante la comunidad internacional” al hablar de la extradición de Pinto, y comparó su situación con la que ocurrió tras el pedido de extradición del Gobierno peruano para el ciudadano Wálter Chávez.
Un festejo suspendido
Sin Biato
El viernes debía festejarse el 191 aniversario de Brasil en su embajada en La Paz. El acto, al que invitaba el destituido embajador Marcel Biato, fue suspendido, ‘porque él no está en el país’, informó la legación.
Embajador descarta ‘malestar’ en el vecino país
Tras la renuncia del canciller de Brasil, Antonio Patriota, y la destitución de dos altos funcionarios diplomáticos (Eduardo Saboia y Marcel Biato) por la fuga del senador Róger Pinto, el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, descartó cualquier tipo de malestar político en ese país.
“Para Brasil, este caso está cerrado, porque se ha ordenado un sumario informativo para determinar consecuencias, pero el caso Pinto ya no suena aquí, el caso ya está en otra instancia. Ahora, lo importante es la comisión de ministros que llega para conversar con el Conare y presentar las pruebas del caso y que Pinto no reciba el refugio”, explicó.
Justiniano agregó que, en el marco de la diplomacia internacional, se demostrará la buena fe del Estado Plurinacional para oponerse al beneficio del refugio en favor de un ciudadano acusado por hechos de corrupción.
“En ningún momento hubo malestar en Brasil por el caso Pinto, lo que sí hubo es una reacción negativa que tiene que ver con problemas internos y decisiones inconsultas entre funcionarios de la Cancillería, pero esos son temas en los que no nos podemos meter”, agregó el diplomático. El embajador aseveró que estará atento al pronunciamiento que hará el Conare para emitir, luego, un criterio oficial.
Pedir refugio puede tardar hasta 2 años
Fernando Tiburcio, abogado del senador Róger Pinto, aseveró a La Razón que el trámite para que su defendido obtenga el estatus de refugiado político en Brasil puede durar hasta dos años. “Este tipo de trámites pueden durar seis meses, pero en este tipo de casos el Conare puede tardar hasta dos años para resolver el pedido de refugio”, explicó.
Mientras tanto —aseguró— Pinto goza de la calidad de asilado político con los beneficios que esto conlleva. “Lo único que Pinto ha perdido es su estatus de asilado diplomático extraterritorial”.
No obstante, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que este trámite como máximo debería ser resuelto en tres meses y que luego Bolivia determinará si solicita la expulsión o la extradición del opositor. Pinto salió de Bolivia el 24 de agosto sin el respectivo salvoconducto y ahora reside en Brasil, donde inició una gestión administrativa ante el Conare de ese país.
“Lo más importante es que él (Pinto) ahora tiene un refugio provisorio y esto le da tranquilidad para poder establecerse en Brasil. La condición de perseguido político ya fue definida cuando el Gobierno le concedió el asilo en la Embajada de Brasil en La Paz; esto pesará mucho en la decisión que tomará el Conare”, agregó.
Además, Tiburcio reiteró que se analiza pedir el refugio en un tercer país como Paraguay, por ejemplo; no obstante, la ministra Dávila dijo que en ese caso se revisará los convenios sobre extradición con países de la región para activar este mecanismo legal.
