El encuentro “Por una reestructuración Integral del Régimen Penitenciario” decidió ayer trabajar en un proyecto de decreto para complementar el indulto, como un mecanismo para alivianar la crisis en las cárceles del país. No se descarta que también se aplique una amnistía selectiva.
Tras la mayor tragedia del sistema penitenciario ocurrida en Palmasola el 23 de agosto, en la que murieron 35 internos y 63 sufrieron heridas, más de 300 delegados del Gobierno, de las gobernaciones y de nueve municipios —siete capitales de departamento y El Alto, Cochabamba y Tarija no asistieron—, además de organizaciones sociales se reunieron en la capital cruceña.
El planteamiento también sería una respuesta a la retardación de justicia que mantiene a cerca del 84% de la población carcelaria sin sentencia ejecutoriada, medida cuestionada por el presidente Evo Morales durante la inauguración.
Fue el propio Mandatario quien planteó para el debate el indulto y la amnistía para casos menores, además del uso de tecnología y la creación de políticas duras, pero a la vez humanitarias y sensibles.
El proyecto además de resolver el hacinamiento en las cárceles espera ofrecer a los reos una segunda oportunidad. El planteamiento fue elaborado en la Mesa 2, de las tres instaladas, que trató la retardación de justicia. El texto final dispone “elaborar, presentar y gestionar la aprobación de un decreto presidencial del indulto complementario, con más contenido y tomando como referencia la Ley del Indulto del Ecuador”.
Paralelamente, el titular de la Comisión de Gobierno, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Aparicio, sugirió una segunda amnistía pero más amplia con relación a la primera a fin de beneficiar a una mayor cantidad de privados de libertad.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ponderó la participación y el compromiso de las autoridades en la búsqueda de solución a la crisis del sistema penitenciario. “Se estableció un plan de trabajo con determinaciones muy concretas en materia de infraestructura, tecnología, prestación de servicios básicos y sociales”.
“Es imposible alcanzar seguridad ciudadana y una transformación estructural del Régimen Penitenciario, si no está acompañado de una reforma judicial”, agregó para luego señalar que habrá un antes y un después del 23 de agosto de 2013.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien llegó tarde al acto inaugural, porque abrió el mes de festejos de esa región, destacó que fue una reunión despolitizada en la que primó la búsqueda de soluciones. En su criterio, la tragedia ocurrida en la cárcel cruceña no puede volver a repetirse nunca más en ninguna cárcel del país. Al final del encuentro, los asistentes honraron con un minuto de silencio a los 35 fallecidos en Palmasola.
Acuerdos asumidos en Santa Cruz
Los participantes debatieron en tres mesas: Infraestructura, tecnología y servicios; Retardación de Justicia y Legislación Penitenciaria.
Gobierno, gobernaciones y municipios se comprometieron a mejorar la infraestructura carcelaria y destinar presupuestos para prediarios y adquisición de tecnología.
Los gobiernos departamentales se harán cargo de los de energía eléctrica, agua, teléfono y alimentación hospitalaria, además del pago de prediarios con base en las proyecciones del crecimiento vegetativo de la población carcelaria.
Se aprobará una nueva Ley de Régimen Penitenciario Integral.
No se suspenderán las audiencias conclusivas ni de casación, éstas deberán llevarse a cabo en las cárceles.
Morales apunta a la Justicia
A 12 días de la masacre de- satada en el pabellón de Chonchocorito del penal de Palmasola, que derivó en la muerte de 35 personas y 63 heridos, el presidente Evo Morales apuntó a la Justicia como la responsable de la crisis en el sistema carcelario del país.
En el encuentro nacional por la Reestructuración Integral del Régimen Penitenciario, desarrollado ayer en Santa Cruz, el Mandatario dijo que el problema está en la Justicia, hecho que, según explicó, se refleja en el 84% de la población carcelaria que no cuenta con sentencia ejecutoriada.
Identificó la falta de tecnología y el hacinamiento como los problemas centrales del sistema penitenciario, pero aseguró que el tema central está en la Justicia boliviana. “Si sólo el 16% cuenta con sentencia y el otro 84% está con detención preventiva, ¿dónde está la justicia boliviana?”, cuestionó Morales. El Presidente coincidió con su ministro de Gobierno, Carlos Romero, al señalar que existe ausencia del Estado en las cárceles del país, debido a que son comandadas por grupos organizados.
“Me contaron que en las cárceles no hay Dios ni ley, el Estado no tiene presencia y los que mandan ahí son las personas que tienen plata, aquellos grupos bien organizados”, mencionó la primera autoridad del Estado. Adelantó que se pueden construir “lindas cárceles”, “pero si el número de detenidos con sentencia preventiva no disminuye, entonces no habrá una solución estructural”.
